El Gobierno canario ha decidido agilizar la redistribución y reordenación de sus funcionarios debido a la congelación de las oposiciones, lo que está provocando que no se cubra la tasa de reposición, es decir, las vacantes que surgen por jubilaciones, fallecimientos y excedencias. Este es el tercer año de "crecimiento cero" del empleo público en la Comunidad Autónoma debido a la crisis económica y hay departamentos de la Administración en los que comienza a faltar personal.

El director general de la Función Pública, Aarón Afonso, reconoció ayer que es necesario un adecuado "dimensionamiento" de algunos departamentos "horizontales" de la Comunidad Autónoma como consecuencia del bloqueo de las oposiciones. El análisis sobre la situación de los puestos de trabajo se realizará en departamentos como Recursos Humanos, Mantenimiento, Nuevas Tecnologías, Contratación, Inspección o Gestión de Ingresos, que se consideran prioritarios para el funcionamiento de la propia Administración. Función Pública desconoce aún el número exacto de personal necesario para cubrir las vacantes y a cuántos empleados puede afectar la redistribución que comenzará a estudiarse en 15 días.

Afonso garantiza que el aumento de efectivos donde haya más necesidades o el traslado de aquellos donde se detecte que sobra personal se realizará sin obligar a un cambio en la residencia del trabajador afectado. No obstante, el director general de Función Pública matizó que "la prioridad es el servicio público al ciudadano" y el empleado debe estar al servicio del área que se le encomiende.

Función Pública considera que se trata de un reajuste en la "organización interna" de los departamentos de la Administración autonómica, por lo que no es obligatorio negociar con los sindicatos. No obstante, Aarón Afonso puntualiza que uno de los dos grupos de trabajo que analizarán la situación de los recursos humanos estará formado por funcionarios con experiencia y, entre ellos, pueden figurar representantes de los trabajadores.

Sin embargo, desde las principales centrales sindicales de la Administración se critica que este proceso se haya aprobado en el Consejo de Gobierno sin que se haya tomado en cuenta la opinión de los representantes laborales. Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria, exige que, además de los empleados públicos, esta reubicación de puestos afecte también a los asesores, altos cargos, empresas públicas y fundaciones de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, Pedro Moreno, de Comisiones Obreras, asegura que en la Administración autonómica "no sobra nadie" y que, aunque el Gobierno tiene potestad para acometer cambios en su organización, toda modificación de las condiciones de trabajo de los funcionarios debe pactarse con los sindicatos.