Los empresarios canarios no albergan dudas sobre los beneficios de la extracción de hidrocarburos en el subsuelo marino del Archipiélago. Contando con las medidas de seguridad que reduzcan al mínimo las posibilidades de contaminación de las playas insulares y el impacto en el turismo, no ven obstáculos para que esos recursos se exploten. El presidente del grupo Domingo Alonso, Sergio Alonso, acusa al jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, de "devolvernos a la edad de piedra" con su rechazo a las prospecciones.
Mientras, los representantes de patronales de Lanzarote y Fuerteventura ponen pegas a lo que en el resto de las Islas califican de "riqueza bajo el mar". Para los dirigentes de las patronales de las islas orientales se pone en peligro su modo de vida. El empresariado del resto de las islas entiende, sin embargo, que se crearán puestos de trabajo, se activarán iniciativas indirectas y para los puertos supondrá una importante fuente de ingresos.
"¡Cómo puede ser un problema que haya dinero debajo del mar! Parecemos tontos si no lo aprovechamos", asegura Santiago Santana Cazorla, empresario turístico y constructor que tacha la postura del Gobierno canario, contraria a las prospecciones, de "demagógica".
Repsol calcula que a 61 kilómetros al noreste de Fuerteventura y sureste de Lanzarote podría obtener, en caso de que hallara petróleo, una producción de 908 millones de barriles durante los 20 o 25 años de vida de la veintena de pozos que se abrirían; los cálculos más optimistas de la compañía elevan el rendimiento a 2.240 millones de barriles. Para ello, la inversión total prevista por Repsol superaría los 9.900 millones de euros.
El Ejecutivo que preside Paulino Rivero niega cada uno de los datos aportados por la petrolera y además subraya que la explotación de esos recursos pondría en riesgo la rica y frágil biodiversidad de las Islas así como el sector turístico, que aporta el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias. Asegura, además, que de los 2.200 millones de beneficio anual que calcula Repsol cada año, el 35% irían a engrosar las arcas de Hacienda y menos de una décima parte redundaría en el Archipiélago. Para el Gobierno son muchos los riesgos y muy pocos beneficios.
El Ejecutivo regional ya ha anunciado que emprenderá una batalla en los tribunales si finalmente el Ministerio de Industria da autorización a Repsol para llevar a cabo las prospecciones que determinará si hay hidrocarburos -petróleo o gas- en qué cantidad, de qué calidad y si es rentable su extracción.
Los argumentos
"Los argumentos del Gobierno son populistas y fuera de toda lógica", subraya Sergio Alonso. "Es una falta tremenda de respeto a la inteligencia de los canarios. La inversión es la que mueve la economía, crea riqueza y puestos de trabajo. Parece que aquí eso no lo hemos comprendido todavía. Así es como se funciona en la economía de todo el mundo. Poniendo obstáculos a cada una de las oportunidades que nos surgen no vamos a avanzar; al contrario, volveremos a la edad de piedra", subraya el empresario.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, agrega que "lo primero es poner sobre la mesa estudios serios sobre qué garantías hay, qué seguridad y qué obligaciones tendría la compañía en caso de vertido. Si hay garantías y si existe la tecnología para que esa actividad no nos perjudique, lo que no podemos hacer es mirar para otro lado".
