Canarias se le resiste a Repsol. La petrolera sigue sin convencer a la opinión pública isleña de que la industria petrolera y el turismo son compatibles, lo que sí parece haber logrado en los últimos años la Costa Dorada, en Tarragona, frente al del Delta del Ebro, el único punto emblemático donde conviven hasta ahora en toda la geografía española ambas actividades. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, se ha implicado en las explicaciones, y esta misma semana se ha desplazado al Archipiélago para hablar con el presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero. Pero ese mismo día el Parlamento de Canarias aprobaba pocas horas después una resolución reclamando la paralización de los permisos para las exploraciones, una respuesta bien distinta de la que dio el Parlamento catalán hace casi un año al rechazar una moratoria para los dos nuevos pozos que Repsol pretende abrir frente a las costas tarraconenses. Un viaje similar de Brufau a la costa catalana hace unos meses le dio mejores resultados.

"En Tarragona nos conocen desde hace años y saben que la convivencia entre petróleo y turismo es posible y se demuestra en muchos lugares del mundo", aseguran en Repsol recordando que la compañía explora en esa zona marítima catalana desde los años 70 y que instaló la primera, y hasta ahora única, plataforma petrolífera off shore en toda España en 1981. Se llama Casablanca, está situada a 50 kilómetros de la costa y hasta ella llega el crudo procedente de cuatro campos cercanos abiertos en los últimos años. A esos pozos pronto se sumarán los dos nuevos hallazgos en la zona, el Montanazo D-5 y el Lubina 1, que multiplicarán por cuatro los 2.000 barriles diarios que se extraen ahora. La actividad cuenta no sólo con el aval administrativo del Gobierno central, sino con el político de las instituciones catalanas y con el visto bueno del sector turístico de la zona.

Riqueza

"Se ha buscado la fórmula de convivencia entre la industria y el turismo en una zona que necesita de una y otra porque entre ambas aportan la mayor parte de la riqueza de la provincia y de la propia Cataluña y son generadoras netas de empleo", afirma el diputado socialista por Tarragona Francesc Vallés. Recuerda en todo caso que el debate sí estuvo más presente en los inicios de la implantación de la actividad de la planta petroquímica en las cercanías de la capital y señala que, en todo caso, se ha obligado a Repsol a una serie de inversiones para garantizar la seguridad de las extracciones y evitar escapes y derrames, que la compañía cifra en 130 millones en toda la zona, de ellos 50 para desarrollar otros pozos.

Esta visión no es compartida por los ecologistas y la izquierda catalana, que difieren además de la versión oficial sobre los vertidos producidos en los últimos años. Hortensia Grau, diputada por Tarragona de ICV, recuerda que su propuesta sobre la moratoria se argumentaba precisamente en el hecho de que hay causas judiciales pendientes sobre los vertidos tras las denuncias de los grupos ecologistas. Aunque Repsol sólo reconoce un vertido, de diciembre de 2010 en la plataforma, que derramó al mar al menos 180.000 litros de crudo y produjo una mancha de 1.900 hectáreas, los grupos ecologistas contabilizan bastantes más. Grau dice que, "pese a la millonada prometida por Repsol, se sigue sin tener las garantías de que la actividad petrolera se lleva a cabo sin riesgos".

La diputada catalana reconoce la escasa movilización de los sectores turístico, pesquero y agrícola contra la industria petrolera frente a zonas emblemáticas como la Costa Dorada y el Delta del Ebro, las más próximas a los pozos de Repsol. En particular, los empresarios turísticos se han mostrado ajenos al debate, algo que contrasta con lo que ocurre en Canarias.