Los ayuntamientos de los cuatro municipios canarios con mayor número de habitantes deben 187 millones de euros a sus proveedores. Así consta en los envíos de facturas que han realizado al Ministerio de Hacienda con el fin de acogerse al plan del Gobierno central para agilizar el pago de facturas pendientes a los proveedores. El plazo de envío terminó la pasada medianoche y un cálculo aproximado eleva la deuda total de los municipios canarios por este concepto sobre los 360 millones de euros. Es decir, las facturas pendientes de las cuatro principales ciudades suponen un montante cercano al 60% del total.
Santa Cruz de Tenerife es el municipio que mayor cantidad de dinero solicitará a través de la línea abierta en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Ejecutivo de Rajoy. Son 527 los proveedores pendientes de cobro con un total de 3.690 facturas.
Las Palmas de Gran Canaria rebajó a última hora a 48,89 millones de euros la cantidad que mantiene pendiente con los proveedores. La Concejalía de Hacienda había declarado en un principio 55 millones de deuda de esta naturaleza.
El Gobierno central estableció el 31 de diciembre del pasado año como fecha límite para las facturas que pueden acogerse a este plan de pago. El objetivo es dar oxígeno a las empresas, en gran parte pequeñas y medianas, y autónomos que son acreedores de la Administración.
En la capital grancanaria están pendientes de liquidación 3.238 de estas facturas y son 666 los proveedores que esperan por cobrar. Mientras, en Telde, que debe 40 millones, el número de facturas asciende a prácticamente 10.000 repartidas entre 3.000 empresarios y autónomos.
Peor lo tienen en La Laguna, con 48 millones de euros sin circular entre el empresariado, con los consiguientes problemas de liquidez. En sus despachos se amontonan 3.600 facturas de 300 proveedores.
Gáldar y Arucas
Entre los municipios grancanarios la tónica es dispar. Mientras Gáldar solicitará 8,4 millones de euros, Arucas tiene que pedir algo más de 900.000 euros.
En el lado contrario, San Bartolomé de Tirajana no acudirá al ICO, sino que asumirá en su presupuesto los 1,7 millones que debe a proveedores.
Por su parte, la Comunidad Autónoma tampoco pedirá ayuda por no tener facturas pendientes anteriores al 1 de enero de 2012, según informaron fuentes de la Consejería de Hacienda.
