Nos encontramos en un momento especialmente grave para esta comunidad autónoma. Canarias acaba de recibir un auténtico mazazo procedente de los Presupuestos Generales del Estado cuantificado en un drástico ajuste de, al menos, 800 millones de euros.

Son unos recortes injustos y asfixiantes que nos sitúan en el límite, ponen en serio peligro los servicios públicos esenciales, mutilan la inversión, destruyen empleo y frenan la reactivación económica.

Nos afectará a todos los canarios. Al margen de las grandes cifras, estos ajustes perjudicarán al conjunto de los ciudadanos. Incidirán en las empresas, en los trabajadores, en los desempleados, en los cabildos y ayuntamientos, en las infraestructuras, en los servicios básicos?; en definitiva, empeorará nuestra calidad de vida y será un paso atrás en el estado de bienestar.

No estamos, ni debemos estar, en un discurso victimista. Somos una comunidad autónoma adulta que pretende lo que, por solidaridad territorial y por Ley, le corresponde. No se trata, como algunos han querido presentar, de librar una batalla entre partidos. El Gobierno de Canarias, al menos, no está en eso.

Estos presupuestos son injustos porque, con los datos en la mano, Canarias puede demostrar que se ha esforzado, ha cumplido sus compromisos y su parte del contrato. Desde que se inició la crisis adoptamos políticas de austeridad y de control del gasto que han generado cerca de 2.300 millones de ahorro. Y en esa senda continuamos.

Los resultados son comprobables. Fruto de esas medidas es la contención lograda en el déficit y en la deuda pública a diferencia de la mayoría de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno de España no ha hecho distinciones ninguneando a Canarias y catalogando como estéril el esfuerzo y el cumplimiento de todos los canarios.

Y, además de injustos, decimos que estos recortes son asfixiantes. Canarias, nuestros servicios públicos, no resisten 800 millones menos. Se trata de un descenso que supone un auténtico estrangulamiento.

No es explicable que en nombre del déficit, seamos la comunidad peor financiada de España por habitante para sostener sus servicios públicos esenciales; como tampoco lo es que sea objeto de una drástica reducción del 50% en las inversiones estatales incumpliendo, además, una Ley vigente como es la del REF.

Y esto ocurre en una comunidad autónoma con dificultades estructurales, alejada y fragmentada y con la segunda tasa de paro más alta de España.

El recorte más significativo, por importe de 453 millones de euros, se refiere a la financiación de los servicios públicos esenciales, unas prestaciones que ahora más que nunca son vitales para los canarios.

Esta comunidad autónoma no está en condiciones de afrontar este nuevo recorte. El presupuesto canario para 2012 se acerca a los 6.700 millones de euros. De ellos, unos 4.600 millones -el 70%- se dedican a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales.

Sin embargo, el sistema de financiación previsto por el Estado solo aporta 3.200 millones, lo que se traduce en una diferencia negativa de 1.400 millones; una factura que está pagando Canarias, restando fondos de otras partidas, para suplir las carencias del Estado. Es una situación que ya no es posible ni sostenible.

Por otra parte, incumpliendo una ley estatal que garantiza que las inversiones en Canarias no deben ser inferiores a la media y faltando al compromiso expresado por el presidente del Gobierno de España en su discurso de investidura, el Estado ha dado un duro golpe a las inversiones.

Ha reducido nada menos que a la mitad las partidas destinadas a las Islas, pasando de 747 millones en 2011 a 384 millones para este año, un descenso que provocará más paro, destruirá empresas e impedirá la reactivación económica.

Y será la destrucción de empleo la principal consecuencia. A raíz de estos incumplimientos y de no poder contar con la financiación comprometida, nos están obligando a paralizar o ralentizar muchas actuaciones que terminarán también con un gran número de puestos de trabajo.

Precisamente, el ajuste realizado en el ámbito de la lucha contra el desempleo solo puede calificarse como temerario. La reducción estimada en esas partidas es de 113 millones, lo que representa una rebaja del 35 por ciento.

Con todo, la situación en la que nos ha dejado el Gobierno de España nos obligará a tomar medidas de gran calado en el ámbito de los ingresos y en el de los gastos. Unas medidas que pretenderán salvaguardar el sostenimiento de la sanidad, la educación y las políticas sociales, auténticas prioridades de este gobierno.