La moratoria turística se prorroga siete meses más para evitar una "laguna legal" que ponga en peligro la regulación del crecimiento turístico vigente en Canarias desde hace once años. El Parlamento aprobó ayer por unanimidad esta ampliación hasta el 13 de diciembre y, de esta forma, el Gobierno gana tiempo para llevar a la Cámara una nueva ley con el compromiso de que sea más estable en el tiempo y no esté sujeta a los cambios trienales que condicionaron las Directrices de 2003 y la Ley de Medidas Urgentes de 2009.

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, reconoció ayer la imposibilidad del Ejecutivo de concluir la redacción de la nueva ley ya que la vigente vence en mayo, por lo que se hace necesaria prorrogar las limitaciones actuales al crecimiento de nuevas camas turísticas. "Una desregulación podría originar iniciativas de oportunidad contrarias al interés general", advirtió Berriel.

Sin embargo, el diputado del grupo Popular Miguel Jorge Blanco afirmó que el Gobierno de Canarias "no se ha puesto las pilas" porque aún no ha remitido a la Cámara la citada ley y por eso, continuó, intenta "por la puerta de atrás ampliar el plazo de excepciones a la moratoria turística".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, afirmó que sigue creyendo en la necesidad de limitar el crecimiento de la oferta turística y continúa defendiendo la vigencia de lo esencial de la moratoria, aunque pidió al Gobierno autónomo "que no le coja el toro de nuevo" porque le parece "poco" la ampliación en siete meses. Ha habido un vacío en las funciones del Gobierno en este ámbito, aseguró Rodríguez, quien no obstante subrayó "frente a los agoreros" que el Ejecutivo regional no ha perdido "ni una sentencia" en el Tribunal Supremo en las reclamaciones judiciales interpuestas en los tres años de vigencia de la ley de directrices.