Segundo varapalo del Alto Tribunal al Gobierno de Canarias. Después de que el lunes se hiciera público el auto que rechaza anular la autorización otorgada a Repsol por el Consejo de Ministro ayer, de nuevo la Sala Tercera de lo contencioso, propinó un nuevo golpe a la estrategia liderada por el presidente Paulino Rivero en contra de la búsqueda y extracción de hidrocarburos junto a las Islas: el Supremo niega la solicitud de paralización cautelar de los trabajos de la petrolera. Pero además, hace prevalecer el interés nacional sobre el regional. No ve riesgos en los sondeos y sí una fuente de riqueza para España en general.
La Sala, presidida por el magistrado Pedro José Yagüe Gil, sostiene que "siendo incuestionable el valor ecológico de las Islas Canarias y la relevancia del sector turístico, pesquero y portuario para su desarrollo no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país". Por contra, no encuentra indicios de que "con carácter inmediato" se vayan a producir prejuicios irreparables o irreversibles al medio ambiente por los trabajos exploratorios de Repsol.
Es más, el Alto Tribunal en el auto emitido ayer considera que las medidas de protección a la naturaleza introducidas en el real decreto aprobado en marzo pasado y que da luz verde a los sondeos (convalida la autorización otorgada en 2001 y anulada judicialmente tres años después de forma parcial por carecer de procedimientos de protección medioambiental) permiten descartar que sea necesaria una paralización de los permisos, en tanto el tribunal dilucida si anularlos o no.
La norma que firma el titular de Industria, Turismo y Energía, el canario José Manuel Soria, obliga a la petrolera a identificar y cuantificar los efectos de sus operaciones con un plan de impacto medioambiental y planes de gestión y de contingencia para cada uno de los pozos que vayan a realizar. "Al menos dos", según el decreto, a 3.500 metros de profundidad y a una distancia que el ministro coloca a 61 kilómetros de Fuerteventura y el Cabildo de la isla a 14.
Ante una solicitud de paralización cautelar, señala la Sala, deben "ponderarse los intereses en juego, tanto los públicos como los particulares". En este sentido, el Supremo considera que el decreto logra "una protección equilibrada de los intereses generales comunitarios y nacionales vinculados al desarrollo sostenible de las Islas Canarias y al fomento de la actividad económica".
Presidente
Para Rivero, tanto la resolución del lunes como la de ayer no desalientan sino, por el contrario, "dan más fuerza para seguir combatiendo contra un atropello a los intereses de Canarias".
"Ésta va a ser una larga y dura batalla, que el Gobierno va a combatir con toda la energía para evitar que se hipoteque el futuro de un modelo económico basado en la sostenibilidad", subrayó ayer, al tiempo que apuntó que por parte de la Comunidad Autónoma la lucha se desarrollará además de en el frente jurídico en el político y también en el social.
En este sentido, anunció que trasladará también la batalla a Europa. Aprovechará la reunión prevista este viernes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en Bruselas para pedirle que intervenga a fin de frenar los petrolíferos en aguas protegidas por la UE.
