Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSC-PSOE) dieron ayer el primer paso en el Parlamento regional para la aprobación del texto legal que más modificaciones fiscales realiza de toda la historia autonómica. Los dos partidos que sustentan al Gobierno rechazaron las dos enmiendas a la totalidad del PP y del Grupo Mixto (NC-PIL) al proyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales.
La norma, tramitada por el procedimiento de urgencia y abreviado para ajustar 800 millones de euros en los presupuestos autonómicos, sigue adelante. El próximo 21 de julio será el debate final de las enmiendas al articulado y la aprobación definitiva del documento para su entrada en vigor el 1 de julio. El diputado del PP Miguel Cabrera Pérez-Camacho, encargado de defender la enmienda de apenas ocho líneas del grupo conservador, ya avanzó que solicitará al Estado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Es más, animó a "las víctimas de los incrementos tributarios" a plantear "todas las cuestiones de inconstitucionalidad que crean oportunas". Según Pérez, varias figuras impositivas, entre ellas el aumento del tributo sobre el combustible y el gravamen a los depósitos en entidades financieras y a las grandes superficies, son "inconstitucionales al 100%".
Su amenaza fue recibida con tranquilidad por el Gobierno regional. El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, trasladó la "confianza" de la administración en la adecuación del proyecto de ley a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. En todo caso indicó que "se mejorará en el trámite de enmiendas" en la Cámara.
Hernández justificó las medidas adoptadas como respuesta a "un contexto incierto y recesivo" y para "amortiguar el efecto de la insuficiencia presupuestaria" por parte del Estado sobre los servicios públicos esenciales. Los recortes en las transferencias del Gobierno central tendrán consecuencias "inevitables" sobre la sanidad, educación y servicios sociales, aclaró.
Igualmente Hernández Spínola rechazó la acusación de intención de "desmantelar la administración pública", pero apuntó que afrontar un recorte de 800 millones sin tocar el capítulo de personal es "absolutamente imposible". Por ello, se optó por reducir el sueldo de los empleados públicos y, así, evitar despidos.
Evitar una "quiebra social" fue el argumento esbozado por el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, defensor de las decisiones fiscales a las que aseguró que está "obligado" el Ejecutivo canario. Éste busca contrarrestar la merma de fondos estatales con la recaudación de 250 millones de euros mediante una subida impositiva y con la reducción 550 millones en gastos.
El proyecto de ley propone en sus 166 páginas modificar 39 leyes, con la reordenación de 19 organismos, rebaja salarial del 5% a los empleados públicos, modificación en los tributos propios (sobre labores de tabaco y combustibles), en los cedidos (IRPF, impuesto sobre sucesiones y donaciones, sobre el patrimonio y el de transmisiones patrimoniales), en los del REF (el tipo general del IGIC sube del 5 al 7%) y la creación de nuevas figuras (sobre depósitos bancarios, grandes superficies y en el tendido eléctrico). Surgen ocho tasas, nueve varían y se reactivan dos.
El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez (NC), opinó que la norma es una "autoenmienda a la totalidad" a la ley de presupuestos para 2012 aprobada por PSOE y CC a fines del pasado año. Criticó el impacto negativo sobre la economía y el aumento del paro que suscitará este texto, que ha recibido los "varapalos" de los informes del Consejo Económico y Social y del Consultivo.
Ambas enmiendas fueron rebatidas por el socialista Emilio Mayoral y el nacionalista José Miguel Barragán, quien recordó que el PP aplica ajustes similares en las regiones donde gobierna.
