El Gobierno canario impone un control semestral del trabajo de sus empleados

Se rompió la baraja. Los sindicatos se levantaron de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, celebrada ayer a convocatoria del Gobierno de Canarias, para expresar su disconformidad ante los recortes salariales que ya se aplican desde el inminente julio. Y, fundamentalmente, para mostrar su rechazo al Programa Estratégico para la Modernización Pública (PEMAC), en fase de borrador, que ya contempla una evaluación semestral del trabajo de los funcionarios y la elaboración de un "código de Conducta y Ética para los empleados públicos".

Esta es la segunda vez en tres semanas en la que los cuatro sindicatos representados en la mesa (CC OO, UGT, IC y SEPCA) la abandonan para dejar sólo al Gobierno. La primera fue cuando se anunciaron los citados recortes, alegando un "rechazo total" a los mismos y reclamando cuentas "para saber en qué se habían gastado el dinero de los presupuestos y por qué había que recortar". Ayer, sin embargo, el detonante fue el (PEMAC), que establece hasta siete líneas de actuación para la modernización de la administración canaria, y la implantación de la administración electrónica a un coste de 11,5 millones de euros.

Los sindicatos no admiten el borrador, que pretende, entre otras cosas, "modernizar y fortalecer los sistemas y procesos de información y rendición de cuentas" en la administración, "difundir la cultura de la evaluación en la organización" y, de forma más concreta, un informe semestral de seguimiento y evaluación a elevar el Gobierno".

Términos como "evaluación del desempeño" o "incentivación" dentro del programa hacen temer a los sindicatos que el Gobierno ligue rendimiento con salarios. Se quejan de que no han participado en la redacción del documento, y advierten de que "no somos monos de feria" (José Ramón Barroso, CC OO); que "nosotros también queremos participar en la modernización, conocemos la administración", (Francisco Bautista, UGT); que "no es el momento de realizar este tipo de inversiones" (Rafael Rodríguez, SEPCA); o que el documento se trata de "una hoja parroquial" (Luis Piernavieja, IC).