La Comisión Europea (CE) pide al Gobierno de España que explique cómo va a garantizar el cumplimiento de la legislación en la autorización a Repsol para efectuar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, aunque no detiene los sondeos de la multinacional. Mientras, el Ejecutivo canario anunció ayer que presentará "en los próximos días" una queja formal ante la CE, al considerar que los permisos del Estado a la petrolera vulneran el derecho comunitario.

La Comisión ha publicado en el diario oficial de la Unión Europea (UE) una escueta comunicación en la que admite que "por el momento" no tiene razones para creer que estas prospecciones infrinjan la legislación vigente, pero, eso sí, solicita a las autoridades españolas que expliquen de qué modo se certificará el cumplimiento de la directiva europea del Consejo de mayo de 1992, relacionada con la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y también la directiva del Parlamento europeo y del Consejo, de diciembre de 2011, vinculada a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente.

La Comisión responde, así, a "un gran número de denuncias" acerca de las prospecciones, entre ellas las presentadas por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que ayer valoraron el escrito de forma "positiva", pues pone la pelota en el tejado de la administración central.

El Ejecutivo autónomo se muestra también "expectante" ante la respuesta que dé el Estado a Bruselas, aseguró el comisionado del Gobierno canario para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, que avanzó que esta institución ultima una queja ante la CE por el incumplimiento de España de las dos directivas mencionadas, que exigen una declaración de impacto medioambiental previa a la concesión de las prospecciones. La Viceconsejería de Medio Ambiente trabaja con "prudencia" para exponer su protesta este mes con "solvencia técnica y jurídica". "Esto tiene largo recorrido", aseveró ayer el presidente canario, Paulino Rivero, que viajará la próxima semana a Bruselas para reunirse con varias autoridades en su campaña para buscar aliados contra las prospecciones. "Lo vamos a mover todo desde el punto de vista jurídico, social y de todas las colaboraciones que podamos tener para impedir" las exploraciones, enfatizó.

Para el presidente majorero, Mario Cabrera, la UE tiene "una magnífica oportunidad para aplicar su propia normativa" en pro de la diversidad en el medio marino en aguas próximas a las islas occidentales. Reiteró que el Ministerio de Industria "no puede demostrar que está cumpliendo" la normativa europea, en lo que coincidió el consejero de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Juan de la Hoz, que recordó que ambas islas siguen aportando a la UE informes científicos contra las prospecciones por afectar a la riqueza marina de la zona, con "alto nivel de protección".