La Comisión Europea (CE) está investigando las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno español en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. El proceso iniciado busca garantizar que se respeta la normativa comunitaria medioambiental.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, confirmó ayer la apertura de la investigación "con vistas a recabar información de las autoridades españolas sobre cómo aplican a las actividades de prospección en las Islas Canarias el Derecho de la UE en materia de medio ambiente".
Así lo afirmó en respuesta a una pregunta por escrito realizada por la eurodiputada socialista Dolores García-Hierro, en la que pedía a la Comisión Europea información sobre las medidas desarrolladas por España para proteger el medio ambiente afectado y evitar un "desastre ecológico".
En concreto, la CE está estudiando si estas actividades cumplen con las directivas sobre la repercusión de los proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres del fondo marino. Del mismo modo, Janez Potocnik, precisa que "la Comisión está evaluando la información facilitada por España", indicó.
Las perforaciones se realizarían en una zona de aguas profundas (de más de 1.000 metros), lo que ha puesto en alerta a las asociaciones ecologistas y otros detractores del proyecto por los riesgos que entraña, tal y como recuerda la eurodiputada en su pregunta, informa Efe.
García-Hierro resalta que "el vertido del golfo de México -tras el accidente de una plataforma de BP- ha alcanzado costas a más de 250 kilómetros de distancia del pozo accidentado". De ahí que pone el acento en que "Lanzarote y Fuerteventura estarían a tan sólo 60 kilómetros de los nuevos pozos".
Las perforaciones petrolíferas marinas inquietan en Bruselas tras el accidente del golfo de México, que ha llevado a la CE a presentar el pasado octubre una propuesta legislativa para endurecer los requisitos exigidas a las prospecciones marítimas. La Comisión publicó el 23 de junio en el diario oficial de la Unión Europea (UE) una comunicación en la que admitió que "por el momento" no tenía razones para creer que las prospecciones en Canarias infrinjan la legislación vigente, pero solicitó documentación a las autoridades españolas para certificar el cumplimiento de la directiva europea.
