El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, denunció este martes en Bruselas que "las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol por el Gobierno de España vulneran dos normativas europeas", concretamente la de Hábitat y la de Planificación y Desarrollo.
Así se lo ha trasladado a la presidenta de la comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, Amalia Sartori, y al ponente de la propuesta de Reglamento sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro, Ivo Belet, a quienes el jefe del Ejecutivo planteó "la necesidad de que se vigile estrictamente el cumplimiento de las normativas medioambientales".
Pocas semanas después de la reunión que mantuvo con el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, Rivero pidió a Sartori y Belet que el Reglamento incremente las exigencias medioambientales.
"Canarias apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que es totalmente incompatible con el petróleo, porque pone en riesgo nuestra principal industria, que es el turismo", señaló el presidente tras la reunión.
UN PASO MÁS
Según un comunicado oficial, Rivero ha asegurado que "este encuentro es un paso más que da el Gobierno de Canarias para intentar frenar una decisión contraria al interés general y que solo beneficia a una empresa privada, por lo que confiamos en la responsabilidad de las instituciones europeas en este sentido."
La exposición de motivos de la propuesta de Reglamento indica, expresamente, que "un accidente grave que se produjese en cualquiera de las instalaciones mar adentro de Europa daría lugar a cuantiosas pérdidas materiales, causaría daños al medio ambiente, a la economía y las comunidades locales y a la sociedad, y pondría en peligro las vidas y la salud de los trabajadores".
En esa dirección, dicha exposición de motivos recalca que "es necesario reducir la probabilidad de que se produzca un accidente grave en aguas de la UE". Asimismo, se recuerda que el año pasado la Comisión Europea respondió al desastre del Golfo de México mediante un análisis de las deficiencias de las prácticas en alta mar y el marco legislativo de la Unión.
En este orden de cosas, el presidente ha anunciado que el Gobierno canario ultima estos días la "queja formal que trasladará a la Comisión Europea" por la autorización a Repsol, en la que "profundizaremos en todos los aspectos que exigen ser aclarados".
El jefe del Ejecutivo subrayó que estas reuniones deben enmarcarse en el calendario de encuentros que se mantendrán "para impedir que los intereses de una multinacional pongan en peligro la biodiversidad de nuestras Islas, a lo que hay que añadir que dicha actividad constituye una amenaza para los miles de puestos de trabajo que en toda Canarias, y especialmente en Fuerteventura y Lanzarote, dependen de un sector, el turismo, que se vería seriamente dañado si Repsol y el PP imponen su voluntad".
MAYORÍA SOCIAL APLASTANTE
"Una mayoría social aplastante rechaza las prospecciones", afirma el presidente.
En relación a la investigación abierta por la Comisión Europea, Rivero explicó que la petición de información "ha sido a iniciativa de parte" y recordó que "la defensa del interés general de los canarios no es una batalla del Gobierno, sino de toda Canarias, como así lo demuestra el rechazo expresado a dichas prospecciones por todas las instituciones y colectivos".
En esta dirección, el presidente mantuvo hoy otros dos encuentros en la capital comunitaria, en este caso, con los eurodiputados Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar, a los que trasladó la posición del Gobierno canario.
Rivero se mostró convencido de que, "más allá de las siglas, los eurodiputados van a arrimar el hombro en la defensa de los intereses del Archipiélago".
