La reforma de la Ley de Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluye como una de sus medidas más significativas el recorte en un 15 % de la paga que perciben las personas que se quedan en casa para cuidar a sus familiares dependientes, es decir, cuidadores no profesionales. Un tipo de prestación que según la normativa iba a ser excepcional pero que se ha convertido en habitual en muchas comunidades autónomas.
Estas prestaciones suponen una media de en torno a los 400 euros, aunque el tope de los baremos establecidos en la ley está en los 520 euros para cuidadores de los dependientes más graves.
La medida se suma a otras con las que el Gobierno central quiere reformular la aplicación de la ley dado el ajuste presupuestario de 283 millones del nivel mínimo de financiación acordado entre el Estado y las comunidades autónomas y que expulsará del sistema a muchos dependientes de primer grado y grado medio. En este sentido, una de las medidas previstas es la eliminación de los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y la ampliación de la retroactividad de las prestaciones, actualmente fijado en tres.
"Esto hará que sea más restrictiva la entrada de las personas en el sistema", reconoció la consejera canaria de Asuntos Sociales, Inés Rojas, tras asistir al Consejo Territorial de Dependencia en el que la ministra, Ana Mato, dio cuenta de las modificaciones previstas.
Rojas explicó que también se propone que las personas de grado uno no entren en el sistema, "sino que se dé máxima prioridad a los grandes dependientes y a los dependientes severos". La consejera destacó que "esto es importante porque dentro de la lista de espera que tenemos todas las comunidades autónomas vamos a priorizar a los que más atención necesitan, porque hasta ahora lo estábamos haciendo por estricto orden de entrada y de solicitud".
En relación con la retroactividad, señaló: "Hasta ahora, ante la coyuntura económica, la hemos podido espaciar en cinco años. Ahora se prolonga en tres años más a los que ya la están recibiendo y para los que no la reciben prácticamente se elimina".
Fondos estatales
Otra de las novedades que propiciará la reforma, y que el Consejo de Ministros prevé aprobar el viernes, se refiere a los criterios de reparto de los fondos estatales para la dependencia de manera que el 90 % de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las comunidades en función del número de personas atendidas, y el 10 % restante será para las que más servicios mantengan.
Así, mientras hasta la fecha se primaban las prestaciones económicas sobre los servicios, ahora se priorizan más estos, con lo que salen beneficiadas las comunidades que, como es el caso de Canarias, destinaban más recursos a los centros de día que a los cuidadores familiares en domicilio. De esta forma si hasta ahora recibían más las comunidades que más número de dependientes tenían, con la reforma se tendrá en cuenta la gestión que cada región haga de su red de servicios, un sistema que además genera más empleo y proporciona mayor calidad en la atención.
Por otra parte, la reforma también introduce el copago, aunque según la propuesta no afecta excesivamente a las personas mayores porque ya lo venían haciendo aproximadamente en la forma en que se prevé en el decreto. No obstante, sí afectará más a las personas que padezcan alguna discapacidad aunque, según señalaron varios asistentes, "se han recogido las sugerencias hechas desde las comunidades para que se aplique más en las rentas más altas y se establezcan unos baremos que coayuden a las personas con discapacidad".
