La consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, se mostró ayer contundente al considerar que la reforma de la Ley de Dependencia que prepara el Gobierno central obligará a hacer un "reajuste de todo el sistema" de aplicación de la norma en las Islas por el calado de las medidas que incluye. Tras asegurar que Canarias apoya el fondo de la reforma por la necesidad de ajustar la norma a la realidad de su desarrollo desde que fue aprobada, la consejera espera a comprobar el conjunto de medidas que finalmente se aprueben, así como su aplicación, para hacer una valoración definitiva.
Rojas afirmó que "las repercusiones en la aplicación de las reformas en Canarias son importantes" porque las medidas afectan a la práctica totalidad de los contenidos de la ley. Destacó en este sentido que "las personas que en estos momentos están recibiendo la prestación económica por cuidado en el entorno familiar la van a ver reducida como mínimo en un 15 % de forma inmediata". Además, resaltó que "en la lista de espera tendrán prioridad los grandes dependientes y los severos" y que "los moderados que tengan reconocido el grado no les podremos incorporar".
En relación con la desaparición de los niveles dijo que "habrá que hacer ajustes porque los equipos de valoración tenían hasta ahora unos formatos para montar los expedientes y valorar a las personas. Se les valora con un grado y se les estipula unos niveles, eso ahora ya no va a ser así. Hay que estudiar cómo desmontamos estas fórmulas y encajamos unas nuevas".
La consejera valoró especialmente que la reforma prime a partir de ahora en el reparto de fondos a los comunidades que, como Canarias, apuestan por los servicios y no tanto por las prestaciones por cuidados en el entorno familiar. "La prestación por cuidado familiar es una excepción y debemos asumirla como tal y priorizar los servicios que generan empleo, mucha más atención de calidad a las personas dependientes y nos garantizan más un futuro".
