El mundo de los procesos concursales está de moda por los efectos devastadores de la crisis sobre el tejido empresarial español. Los datos son desesperanzadores. En el último año las empresas que se han declararon en suspensión de pagos han crecido un 20% y la situación no tiene visos de mejorar sino que empeorará. En el entorno en el que se mueven deudores, acreedores y jueces existe una agria polémica sobre cómo se designan a las personas que administran las entidades concursadas ya que los jueces lo hacen de manera arbitraria y se dan ciertas situaciones que plantean problemas éticos.
El conflicto se explica con relativa facilidad. "Los jueces acuden u organizan congresos, cursos o jornadas que son patrocinados por los mismos bufetes de abogados a los que luego designan como administradores concursales", asegura una administradora descontenta con este sistema. "Es una designación a dedo en la que se tiene más opciones si eres amigo del juez de turno".
La cuestión no es baladí porque los administradores concursales cobran sus honorarios según la masa del pasivo y del activo de la empresa concursada. "Cuanto más potente es una entidad, más puede llegar a cobrar el administrador al mes", explica esta misma abogada.
La polémica no ha saltado a la opinión pública por sí sola. El diario Levante / El Mercantil Valenciano destapó, entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, el caso del titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, Fernando Presencia, que adjudicó concursos a 27 de los 44 alumnos del máster de 12.000 euros que codirigía y por el que percibía una retribución.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo sancionó enviándole el pasado mes de mayo a un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Talavera de la Reina (Toledo) al entender que en los cursos, en los que participó como director y conferenciante, se puso en juego su imparcialidad como magistrado.
El juez del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Javier García Marrero, que dirige la parte académica de varios congresos a lo largo del año, afirma que él no ha ido "nunca a uno en el que los despachos paguen dinero a los jueces para que den las charlas" y, aunque reconoce los posibles efectos perversos que tiene la redacción de la Ley Concursal en este sentido, se declara a favor del sistema de libre designación que se realiza desde hace años.
Para ser administrador concursal, la ley establece que hace falta ser abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional y formación especializada en materia de Derecho Concursal. Si se cumplen estos criterios, los profesionales pueden apuntarse en las bolsas de administradores concursales que son enviadas periódicamente a los juzgados de lo mercantil. En los de Las Palmas de Gran Canaria, sin ir más lejos, hay inscritas unas 350 personas, según datos del Colegio de Abogados de Las Palmas y del Decanato de los Juzgados de la ciudad.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, no entiende que exista tanta polémica en torno a esta cuestión: "Los jueces somos los garantes de la legalidad y todos los días tomamos decisiones en sentencia que no son cuestionadas. La elección de un administrador concursal es una decisión... si no se confía en los jueces para esto, no hay nada que hacer".
Sánchez, por otro lado, argumenta que los jueces no han establecido que sean ellos los que elijan a los administradores concursales, sino que ha sido el legislador. "Si tan mal está, que se cambien la ley y lo designe el Ministerio de Justicia, por ejemplo"
Un economista, administrador concursal en Canarias afirma que, "si un bufete patrocina un congreso, probablemente tendrá más posibilidades de que el juez le tenga en cuenta, pero también hay que recordar que en la mitad de los concursos no se cobra un duro y que, los que son complicados, exigen mucho trabajo y el juez necesita a alguien de su confianza".
García Marrero defiende esta concepción: "Cuando yo he de nombrar a un administrador tengo en cuenta la formación de la persona y, además, justificó mi decisión. Nosotros no designamos a nadie absurdamente. Se debe entender que a quien le deben salir las cosas bien es al concursado y a los acreedores y para ello tenemos que buscar a la persona más adecuada".
Cambios propuestos
La designación, en este sentido, se hace de manera completamente arbitraria. Las alternativas que se han planteado para cambiar el sistema de designación han sido variadas. Marrero explica que una de ellas es la de las listas cerradas con elección por concurso, pero para ello "hay que garantizar que todos los que estén en la lista sean buenos profesionales... un mal administrador perjudica al concursado, a los acreedores y a nosotros".
Una segunda opción que se ha barajado ha sido la de obligar a hacer exámenes específicos, "pero nadie se quiere encargar de ello", afirma. Mientras tanto, cada vez que un juez acude a un congreso patrocinado por despachos profesionales se disparan los rumores.
Concursos en activo
464
Los juzgados de lo mercantil de Canarias tienen registrados en la actualidad 464 procesos concursales que se encuentran activos, según se puede ver en el Registro Público de Resoluciones Concursales del Ministerio de Justicia. Solo en la provincia de Las Palmas, se encuentran 302, entre personas jurídicas y físicas.
Declaración de concursos
2010 a 2011
El número de empresas que se declararon en concurso en Canarias entre 2010 y 2011 descendió un 19,3%, en contraste con el 20% de incremento en el resto de España. Un dato atípico que se explica por la ausencia de un juez en uno de los dos juzgados de lo mercantil tinerfeños. Entre un año y otro se paso de 238 concursos de acreedores voluntarios a 198.
Empresas concursadas
Inmobiliarias y comercios
En el primer trimestre de 2012, se declararon en concurso de acreedores en el Archipiélago canario un total de 50 entidades, de las cuales, la mayoría de ellas pertenecen al sector inmobiliario y de la construcción así como del comercio al por mayor.
Administradores
230 abogados
Los abogados que están apuntados en la bolsa de administradores concursales en los juzgados de lo mercantil de la provincia de Las Palmas alcanzan los 230 profesionales, mientras que el resto, unos 120, son economistas y auditores de cuentas.
