La gran mayoría de las corporaciones municipales formadas tras las elecciones locales de 2011 han tomado múltiples medidas de ahorro y austeridad ante la situación de práctica quiebra de las arcas municipales. Algunas de estas decisiones han sido dolorosas, como los expedientes de regulación de empleo que empiezan a proliferar en los ayuntamientos, así como la no renovación de contratos y la reducción de personal de confianza y de los gastos en dietas, complementos y otros conceptos dinerarios ligados a los cargos públicos.

Sin embargo, este punto de inflexión tuvo unos antecedentes poco edificantes ya que mientras otras administraciones públicas estaban tomando medidas de austeridad y conteniendo el gasto de personal y de bienes y servicios, había ayuntamientos que incrementaban año tras año los gastos de personal cuando ya la crisis se había instalado en la sociedad canaria. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno central hace referencia a poner un tope al sueldo de los alcaldes por ley. Un ejemplo elocuente fue el del ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo que fue durante años el primer edil mejor pagado de Canarias, con unos ingresos que superaban los 80.000 euros brutos al año, más la Seguridad Social.

Los principales ayuntamientos canarios, sobre todos los capitalinos y los de capitales de islas, tenían en nómina más asesores y directores generales que ediles elegidos en los comicios. En el ayuntamiento de Arrecife en la legislatura pasada había 26 personas contratadas de forma eventual por 12 concejales liberados, con sueldos que no bajaban de los 1.800 euros y un alcalde que llegó a cobrar 3.300 euros mensuales.

Pero este abultado gasto en personal no sólo era potestad de los ayuntamientos grandes o municipios con más población. Un ejemplo poco edificante durante años fue el de Betancuria, un municipio que apenas cuenta con 800 habitantes censados, con una deuda galopante y prácticamente en quiebra, que contaba con 4 concejales liberados y una pléyade de contratados que en los últimos meses han sido sometidos a un ERE ante la penosa situación de las arcas municipales.

Otra de las medidas con las que el Gobierno central pretende meter en cintura el gasto de los ayuntamientos es que los interventores y secretarios pasen a depender directamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y dejen de estar bajo las órdenes del alcalde de turno. De esta forma el Estado pretende garantizar la objetividad e "independencia" de estos altos funcionarios, que tienen como principal misión la fiscalización de los ayuntamientos, tanto desde el punto de vista legal como de los gastos.

Junto a este tipo de medidas, hay otras muchas con las que se pretende ahorrar 3.500 millones de euros. Una de estas medidas es aclarar y simplificar las competencias de los consistorios, de tal forma que se eliminen las competencias impropias y que los ayuntamientos pequeños se liberen de prestar servicios que les suponen mucho gasto y éstos sean asumidos en el caso de las Islas por los cabildos insulares, según establece la reforma aprobada por el Estado.