Sindicatos y Gobierno de Canarias mostraron ayer su disconformidad con el real decreto que prepara el Gobierno central para desarrollar la reforma laboral. En su opinión, tal y como está redactado el borrador, en la práctica totalidad de las administraciones se dan los supuestos en que pueden presentar expedientes de regulación de empleo (ERE) para despedir a personal laboral. En las Islas el número de empleados públicos que mantienen dicho estatus asciende a 29.506, lo que representa el 21,3% del total de trabajadores de las diferentes administraciones.
La mayor parte de este personal laboral -18.258- se concentra en el nivel local -ayuntamientos-e insular -cabildos- de la Administración. El resto se reparte entre la comunidad autónoma -7.991-, la Administración del Estado -2.266- y las dos universidades canarias -991-.
Varios sindicatos ya han enviado sus alegaciones al texto remitido por el director general de Empleo del Gobierno central, Javier Thibault. Por su parte, el Gobierno de Canarias pidió una prórroga, dado que el documento les llegó entrada la pasada semana. Según explicó ayer el director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, las puntualizaciones de la comunidad autónoma tendrán que estar en Madrid al inicio de la próxima semana, si bien no desveló el sentido de las alegaciones. "Aún estamos en fase de estudio", aseguró.
El propio Afonso afirmó que a pesar de la existencia de esta norma "el Ejecutivo canario continúa su intención de mantener el empleo" en el sector público. Como prueba de ello, señaló que en la aprobación del techo de gasto para los presupuestos del próximo año, el Ejecutivo ha incluido los salarios del personal "sin las reducciones retributivas" decretadas para este año.
Exigencias "suaves"
El responsable de Función Pública manifestó su esperanza en que en el trámite parlamentario se pueda suavizar el borrador. Tal y como está redactado actualmente, "todas" las administraciones se encuentran "inmersas en supuestos de despido". Esos parámetros que deben darse para la presentación de una ERE fueron calificados por Afonso como "demasiado suaves". Entre ellos, se incluye "una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente" o una reducción de al menos el 10% en las subvenciones y transferencias recibidas.
Por su parte, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana mostró su "rechazo frontal" al documento por ser "una invitación a la destrucción masiva de empleo" en un sector "que estaba llamado a resistir" como es el público.
Coincidió con la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, Margarita Ramos, quien acusó al Gobierno central de estar ultimando "una reforma para lanzar cientos de miles de trabajadores públicos a la calle".
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Canarias, Juan Miguel Suárez, aseguró no exagerar al enmarcar la intención del Gobierno central en un proyecto para "desarticular la sociedad y dilapidar los servicios" que ofrecen las diferentes administraciones.
Desde Intersindical Canaria, su portavoz, Rafael Rodríguez, descartó el factor sorpresa en esta ocasión. "Ya la reforma laboral dejaba claras las intenciones", explicó. En su opinión, Rajoy cumple una doble función con este real decreto que prepara: "por un lado desprestigia a los trabajadores públicos y, por otro, se carga los servicios públicos", señaló.
"Lo único positivo" que halló el secretario de Información del Sepca, Manuel Valverde, en el documento fue que "al menos concreta las situaciones" en que se puede recurrir a un ERE.
