El presupuesto canario para 2013 tendrá que incluir una partida para hacer frente al pago de 132,62 millones de euros en amortizaciones de deuda. Se trata de bonos a uno y cinco años emitidos por el Gobierno de Canarias para financiar los gastos del aparato autonómico. Las actuales circunstancias del mercado, con una prima de riesgo prohibitiva y el recelo absoluto de las entidades financieras y los inversores a prestar a las comunidades autónomas, hacen que por el momento el Ejecutivo autonómico no se plantee hacer uso de los 600 millones de euros que tiene autorizados por el Gobierno central para emitir nueva deuda.
Los vencimientos que tendrá que liquidar el Archipiélago a lo largo del año próximo se corresponden con tres emisiones, dos de ellas lanzadas en 2008 y la restante, este mismo año. El primer pago, de 55 millones de euros, habrá de hacerse efectivo el 30 de abril, fecha de amortización de los bonos emitidos el mismo día de 2012. Los títulos a cinco años vencen el 24 de octubre -31,95 millones- y el 4 de diciembre -los restantes 45,67 millones.
Antes de eso, Canarias habrá tenido que abonar, antes del final de este año, 521 millones de euros en créditos, préstamos y vencimientos de deuda. Para ello, la Consejería de Economía y Hacienda no cuenta con hacer uso de los 600 millones de euros autorizados por Madrid para emitir nueva deuda.
Previsto o no, en cualquier caso el Gobierno canario tendría muy difícil encontrar comprador para las emisiones. Los mercados han captado el mensaje del Gobierno central. Mientras Europa rebaja sus exigencias de déficit para el Estado español, el Ejecutivo de Rajoy aprieta más las tuercas a las autonomías. Es decir, pone el foco de los problemas que arrastra el país en ellas.
El efecto inmediato ha sido que los inversores internacionales huyan de todo lo que signifique comunidad autónoma, con lo que estas se encuentran con el doble problema de tener que afrontar unas exigencias de difícil cumplimiento sin programar recortes en los servicios esenciales y, además, no encuentran la posibilidad de financiarse externamente. Y si aparece alguna entidad o particular dispuesto a prestar, exige unos intereses tan elevados que directamente impedirían el cumplimiento de los parámetros de endeudamiento fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su última reunión del mes de julio.
Para las Islas ese tope se quedó en el 12%, lo que tras un rápido cálculo llevó al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, a traducirlo en un nuevo recorte de 120 millones de euros a afrontar en el presupuesto para 2013.
Para dar idea de la situación actual basta con echar la vista atrás un año. Entonces, el departamento de González Ortiz decidió retrasar la emisión de los bonos al rozar la prima de riesgo los 400 puntos básicos. Ahora, hace semanas que el diferencial con el bono alemán no baja de los 500 puntos.
La intervención del Banco Central Europeo (BCE) comprando deuda de los países atacados por los especuladores rebajó las tensiones, lo que decidió al Ejecutivo canario a poner en el mercado 200 millones en títulos a cinco años.
Además, la Hacienda canaria exhibió músculo entonces señalando que la recaudación funcionaba lo suficientemente bien como para que se registrara un incremento del 14% en los ingresos vía IGIC con respecto al ejercicio anterior.
Sin embargo, en este año la recaudación de impuestos ha deparado un retroceso del 4,96% en el primer semestre con respecto al mismo periodo de 2012. El dato se vive sin alarma en el Gobierno canario, desde donde se advierte de que no hay una gran desviación sobre lo previsto inicialmente.
La gran prueba está en este segundo semestre, en el que desde el 1 de julio está en vigor una subida de impuestos y tasas para aportar 250 millones de euros de los 800 que tiene que recortar Canarias de su presupuesto tras conocerse el alcance de los ajustes contenidos en los Presupuestos Generales del Estado.
De no cumplirse las previsiones y con las puertas de la financiación cerradas, las Islas tendrían que recurrir al fondo de liquidez autonómico puesto en marcha por Madrid. Por el momento, el presidente canario, Paulino Rivero, afirma que la decisión no es urgente. "No estamos tan mal como las que ya han dicho sí sin conocer ni las condiciones", afirman fuentes de Hacienda.
