La financiación estatal en el área de Vivienda se reducirá el próximo año un 87 por ciento, un presupuesto que hará "desaparecer la política del Estado en esa materia en Canarias", según manifestó ayer Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Ese recorte global afectará a unas 11.000 familias canarias que se benefician de sus diversas acciones.

Al respecto, Rojas explicó que en la comunidad autónoma existen en la actualidad 46 convenios firmados para la rehabilitación de barrios en distintas islas.

Convenios suscritos con la Secretaría de Estado de Vivienda, cabildos, ayuntamientos y el propio Gobierno.

La ejecución de esos convenios, que suponen la rehabilitación de unas 7.000 casas, quedará ahora comprometida por los recortes.

"Tendríamos que disponer de 14 millones para materializarlos", señaló Rojas, "pero sólo disponemos de 1,7 millones", indicó para ejemplificar la magnitud del recorte estatal en el área.

En concreto, citó el caso del barrio de Las Chumberas, en la capital tinerfeña. "Este año el Estado lo financió con un millón de euros. Para 2013 han previsto cien mil euros".

Además, destacó el efecto sobre el paro. "La rehabilitación de viviendas crearía unos 12.000 empleos directos".