Los empresarios de Canarias están dispuestos a comprar deuda pública de la Comunidad Autónoma apta para la Reserva para Inversiones en las Islas (RIC), en caso de que el Gobierno regional opte por esta vía de financiación. Fuentes de la patronal apuntan que, "si no es una emisión muy alta -como la que se baraja por valor de 200 millones de euros- es posible que se pueda cubrir". Materializar esta emisión de deuda con cargo a los fondos de la RIC supone interesantes ventajas para las empresas que deciden dedicar dinero a esta herramienta.
La actitud remisa de las entidades financieras a abrir el crédito al Ejecutivo canario hace que éste confíe en solventar la compra de deuda por los particulares que puedan tener RIC y también por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El Ejecutivo regional lleva a cabo habitualmente cada año el procedimiento de emisión de bonos en octubre o "a más tardar" en noviembre. De hecho, el Consejo de Ministros autorizó a Canarias a mediados del pasado septiembre diversas emisiones de deuda por 366 millones de euros. Madrid permite que 263,1 millones de euros de las emisiones sean aptas para materializar las dotaciones a la RIC.
La emisión de títulos "es posible que tenga cierta acogida, pero sin grandes alegrías", añaden fuentes empresariales. Además, de lo que las sociedades han dotado a la RIC de 2008 a 2011, sólo pueden concretar un máximo del 50% en deuda pública. Cabe recordar que las asignaciones a la RIC registran caídas desde 2006, aunque la mayor disminución de este compromiso de inversión futura se produjo en 2007, cuando alcanzó una variación interanual del 42%, al pasar de 2.302 millones de euros en dotaciones a 1.326 millones. En 2010 se registró un repunte del 9,8% hasta los 675,8 millones de euros.
Dificultades
Para el asesor fiscal Orlando Luján la maniobra de subastar bonos "es una alternativa viable y posible", aunque precisó que "sólo puede tener un destino finalista y no puede dedicarse ese dinero que se obtiene para pagar gastos corrientes o facturas a proveedores". Sólo puede emplearse para financiar inversiones en infraestructuras, como la construcción de carreteras, la edificación de viviendas de promoción pública, reformas de centros sanitarios o educativos, así como para la mejora y protección del medio ambiente. Luján duda de que se llegue a colocar entre el empresariado una emisión de 200 millones en su totalidad. Ve "difícil" que las empresas puedan absorber todo ese dinero porque para adquirir deuda pública tendrán que pedir prestado a la banca.
