Un total de 12.344 personas en Canarias se quedarán el próximo año a las puertas de obtener la prestación de la Ley de Dependencia, tras el cierre a la financiación de estas ayudas anunciado por el Estado para los próximos Presupuestos de 2013. De las 24.252 personas a las que se les ha reconocido como dependientes en las Islas, solo 11.908 se benefician actualmente de las prestaciones que otorga la ley, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
De enero de 2011 a septiembre de este año, Canarias ha registrado 39.459 solicitudes apelando a la Ley de Dependencia, de las cuales se han realizado dictámenes sobre 30.256. Con una población de más de dos millones de habitantes, el número de personas en lista de espera supera en el Archipiélago al de las que ya están siendo atendidas. "Canarias es la comunidad en la que menos personas se atienden por la Ley de Dependencia en relación con su volumen de población: un 0,56%, cuando la media española es de 1,64%. Esto significa que en las Islas una persona tiene un tercio de posibilidades menos de ser atendida en dependencia que el resto de España", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Ramírez apunta a que una de las vías que utilizará el Estado para ahorrar gastos en dependencia está relacionada con la tasa de reposición. "Lo que ahora va a ocurrir es que conforme van quedando vacantes en el sistema, esos servicios, en lugar de pasar a aquellas personas que tienen reconocida la dependencia y que están a la espera de ser atendidos, se quedarán sin cubrir para amortizar gastos". Prueba de ello, apunta, es que en Canarias se atendió en agosto a 11.926 personas dependientes y en septiembre a 11.908.
Sin embargo, desde la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional se afirma que dichas vacantes se irán cubriendo dando prioridad a los grandes dependientes, es decir, a aquellos usuarios que por su pérdida total de autonomía mental o física necesitan la presencia indispensable y continúa de otra persona. "Canarias no cerrará centros y además los garantiza financieramente mediante la firma de convenios de colaboración con cada uno de los cabildos", señalan fuentes de la Consejería, que además añaden que las Islas cuentan con 12.850 plazas para atender a personas en situación de dependencia. Para la financiación y mantenimiento de estos recursos, el Gobierno canario destinó en 2012 más de 75,5 millones de euros. "A estas plazas hay que sumar otras 3.534, financiadas a través de subvenciones a entidades de carácter social así como a administraciones locales, y a las que el Ejecutivo regional destina más de 6,6 millones de euros", explican desde Políticas Sociales.
Este planteamiento no termina de convencer a la asociación de directores de servicios sociales , para la que "las promesas planteadas por el Gobierno canario en este tema pueden tener buena voluntad pero tienen que demostrarse".
Otros de los cambios que afectará a los que ya se benefician de la Ley de Dependencia es la reducción del 15% que sufrirán en las partidas económicas de cada mes. "Esto supone un recorte medio de 55 euros menos de unas prestaciones económicas que suelen rondar los 400 euros", añade José Manuel Ramírez. A ello se suma que el dependiente tendrá que hacerse cargo del pago de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, un gasto que hasta ahora asumía el Estado. "Durante cinco el Gobierno central ha estado sin pagar las cuotas de la Seguridad Social de estos trabajadores y la subida de 1.034 millones que se realizó en el área de Dependencia en los presupuestos de este año se destinó a saldar esta deuda contraída no a mejorar la Ley", comenta el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
