Las empresas y autónomos que suministran todo tipo de material y prestan diversos servicios al Gobierno de Canarias no pueden más. "Estamos asfixiados". Esa fue ayer la expresión de representantes de proveedores de la administración autonómica, que instan al Ejecutivo regional a recurrir ya al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), instrumento de financiación aprobado por el Estado para conceder fondos a regiones en apuros. La Consejería de Economía y Hacienda insiste en que el rescate es "una opción más" que está encima de la mesa, aunque los partidos que sustentan el pacto (CC-PSOE) asumen sin tapujos que tendrá que solicitarse.
El FLA, dotado con 18.000 millones de euros, da prioridad a los pagos de los vencimientos de deuda de las comunidades autónomas -522 millones en el caso de Canarias-, y a las facturas relacionadas con los servicios esenciales, vinculados a sanidad, educación y servicios sociales. Como contrapartida, el Gobierno central controlará las cuentas públicas.
"Estoy asombrado, no sé a qué están esperando para solicitar el FLA, deben pedirlo inmediatamente porque esto es una agonía que no tiene sentido", aseguró ayer el presidente de la Asociación de Proveedores de Equipos Sanitarios, José María Pérez, en representación de 35 compañías que suministran a los hospitales material e instrumental médico quirúrgico (fungibles, monitores, marcapasos, aparatos de anestesia y de rayos X, placas para radiología...) Se encuentran "al límite". Al menos cuatro de estas empresas están "con la soga al cuello", de ahí que el colectivo haya convocado una reunión urgente para el próximo lunes. El Ejecutivo les adeuda alrededor de diez millones de euros, de los que 600.000 euros corresponden a una única empresa.
Tesorería
El problema está, según Pérez, en que las facturas están "trabadas en Hacienda porque no hay liquidez". El departamento autonómico reconoce "dificultades", pero rechaza tensiones graves de tesorería.
El portavoz de los proveedores sanitarios interpreta que el Gobierno canario "está echando un pulso al Estado para no pagar el precio político [de que controlen las cuentas], pero el precio social de destrucción de empleo y cierre de empresas les importa un pimiento".
En la misma tesitura están las oficinas de farmacias, a las que el Ejecutivo debe cien millones de euros por los medicamentos prescritos de junio a agosto, más los dispensados en septiembre. A esto se añade la falta de presupuesto para los próximos meses. Ayer se reunieron la Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Las Palmas y el Colegio de Farmacéuticos de esta provincia para abordar la situación crítica. También el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife mantuvo un encuentro con dueños de boticas en La Palma. Están esperando a que el Gobierno regional reaccione y demande el rescate estatal, según fuentes del sector, que alertan de un problema de "salud pública" ante el riesgo de desabastecimiento de medicinas. El próximo martes el Servicio Canario de la Salud concretará a los farmacéuticos cómo resolverá el abono de sus facturas.
Los autónomos que trabajan para la autonomía exigen que se vaya al rescate para salvar los empleos. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en las Islas, Juan Arricivita, explicó que la ley de Morosidad fija que los pagos de la administración tienen que ser en 40 días, pero los últimos datos de julio apuntan que la media de demora por la administración regional está en 148 días. "Entre más tarde se pida el FLA peor para todos", sentenció.
