El Gobierno canario ha iniciado las gestiones para que el Parlamento Europeo se pronuncie en contra de las prospecciones petrolíferas y para que la Comisión Europea endurezca las condiciones a las empresas petroleras que quieran extraer crudo. El Ejecutivo está intensificando su estrategia de internacionalizar este asunto lo máximo posible, con el fin de buscar respaldos políticos en contra de la autorización del Gobierno central a Repsol para realizar sondeos a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha estado en Bruselas para pulsar la opinión de los grupos políticos del Parlamento Europeo en torno al Reglamento propuesto por la Comisión para regular las extracciones petrolíferas mar adentro en la UE, a raíz del grave vertido en el golfo de México. Según Ríos, el Ejecutivo regional está realizando un seguimiento de las enmiendas que se presenten al texto para intentar que se incluyan condiciones más rígidas y estrictas que las vigentes actualmente. Uno de los objetivos es que Canarias sea tratada de forma singular en este asunto como lo son otras regiones por su biodiversidad y por ser un destino turístico internacional de primera fila.
Por otro lado, el Ejecutivo regional busca la forma de que el Parlamento Europeo se pronuncie en contra de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Se trata de un objetivo complicado ya que las propuestas que se presentan en la Eurocámara deben estar respaldadas por varios grupos y diputados de varios países para que fructifiquen. Ríos se entrevistó en la capital comunitaria con representantes de grupos nacionalistas, populares, socialistas, verdes o de izquierda para comprobar las posibilidades que existen de que se pueda pactar una iniciativa de mínimos en la que estén de acuerdo parlamentarios de varios países y grupos con el fin de llevarla al pleno.
La estrategia de llevar las prospecciones petrolíferas a la Eurocámara complementa las dos quejas presentadas la semana pasada por la Comunidad Autónoma ante la Comisión Europea al considerar que las prospecciones vulneran dos directivas comunitarias.
Ríos advierte que el ejecutivo quiere "amplificar" al máximo posible los sondeos petrolíferos para que las instituciones internacionales se pronuncien sobre los mismos. En esta línea también se encuentra la carta enviada recientemente al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Esta estrategia es paralela a la judicial. De hecho, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma preparan la demanda que se presentará en el Tribunal Supremo en contra de la autorización de los sondeos.
