Los abogados y funcionarios no están conformes con la situación de la Administración de Justicia en Canarias y han creado una especie de apertura del año judicial alternativa para dar su visión sobre el asunto. "La degradación del sistema ha llegado a tal punto que queremos convocar una marcha para denunciar su situación", explicó ayer el letrado Joaquín Sagaseta.

El conocido abogado laboralista actuó como portavoz de un colectivo que repartió críticas y reveló escenas insólitas en todas las jurisdicciones, como la de "un juez que no te deja entrar en su Juzgado de Fuerteventura si no llevas corbata o un fiscal que no te recibe en Las Palmas por ese mismo motivo", denunció Francisco Mazorra, otro de los letrados que intervino en la rueda de prensa para censurar los discursos pronunciados la semana pasada por las autoridades en la apertura del nuevo curso judicial. "Es sólo una fanfarria para decir que todo está bien", subrayó el penalista.

Mazorra no sólo se quedó en la anécdota de la corbata o la "picaresca" para fotocopiar documentos en los juzgados, "a veces tenemos que sacarle fotos a los atestados con nuestros teléfonos móviles", dijo, sino que entró en otros asuntos más graves sobre el funcionamiento del sistema judicial canario.

En concreto sostuvo que los habeas corpus (un derecho del detenido a comparecer ante el juez) se hacen por teléfono, sin la presencia de la autoridad judicial ni del fiscal; que se aplican "conformidades injustas"; que no se realiza una lectura de derechos correcta y que en los calabozos de Granadera Canaria se vive una situación tercermundista, en la que los arrestados no tienen intimidad para entrevistarse con sus letrados defensores, entre otras deficiencias.

Mazorra también destacó que se está deteniendo a los ciudadanos por la comisión de faltas, cuando esta medida sólo está prevista para acciones más graves, como los delitos, y que los jueces suelen imponer multas a petición del fiscal de hasta 10 euros diarios a personas sin recursos, mientras que en otras ciudades como Madrid el castigo es de dos euros.

Además, en el orden social, existe un "colapso inédito", con "juicios que están previstos para 2010", según Sagaseta. El abogado afirma que el Ministerio Público "está ausente en el 90%" de los pleitos por lesiones de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Los portavoces no sólo centraron sus diatribas en el estado de la Administración de Justicia en Canarias. También arremetieron contra las reformas penales promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. "Quiere crear un delito ad hoc para criminalizar a trabajadores y pensionistas", señaló el letrado Miguel Redondo, porque para este colectivo "sólo es necesario un fraude de un euro", mientras que "las conductas empresariales son delictivas si la cantidad defraudada supera los 120.000".

Meri Pita, funcionaria y miembro de la plataforma ciudadana Por una Justicia de Todos, también puso el dedo sobre los recortes del ministro y las tasas que quiere implantar para pleitear en los juzgados. "Somos el tercer país europeo en hacinamiento en las cárceles porque la Justicia cada vez discrimina más a los pobres. Gallardón potencia esto porque sus reformas eximen a los ricos", concluyó.