Diputados y senadores canarios del PP trabajan contra reloj para desactivar el último de los problemas, la eliminación de la partida de subvenciones para la desalación de agua en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que las decisiones del Gobierno central les están causando en las Islas. Según responsables del partido en el Archipiélago, "se esperan buenas noticias para esta misma semana", si bien no pudieron precisar si la partida podrá permanecer en los 4,9 millones actuales o si habrá rebaja respecto a 2012 y en qué medida. Mientras, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, descartó ayer la validez de "promesas o anuncios" de soluciones y se mostró escéptico ante la capacidad de los representantes del PP canario para hacer reconsiderar su postura al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

No han pasado dos semanas desde que un representante de los populares canarios en las Cortes señaló que las subvenciones a la desalación de agua en Canarias "no pueden quedar así". Hasta los seis consejeros conservadores en el Cabildo de Lanzarote, isla que junto a Fuerteventura depende al cien por cien de la desalación para el abasto, se sumaron al resto de la corporación para pedir a Madrid que reconsidere su postura. Incluso el propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró haber cruzado unas palabras con Arias Cañete para hacerle caer en la cuenta de la especial importancia que el asunto tiene para las Islas.

Larga lista de enfrentamientos

El PP de Canarias ha resaltado que hasta el final del mes de noviembre hay tiempo para corregir los números. Sin embargo, el desgaste político que encierra dejar en cero las partidas de desalación les ha llevado a acelerar las conversaciones para poder anunciar cuanto antes la marcha atrás.

Para el presidente canario, Paulino Rivero, "llueve sobre mojado", tal y como afirmó ayer en su blog. Se refería de ese modo a que el de la desalación es solo el último episodio de un rosario de enfrentamientos entre el Gobierno canario y el de la nación desde que este último comenzó a andar en diciembre del pasado año, hace solo diez meses.

Primero fue el final de la bonificación de las tasas aéreas, después el parón de las energías renovables al decretarse el final del régimen de preasignación de tarifa por el que se gobernaba el sector en el Archipiélago. Les siguieron la reactivación de los permisos a Repsol para sondear los fondos de las Islas en busca de hidrocarburos, las disputas por la desviación sobre la media estatal que padece Canarias en fondos derivados del sistema de financiación autonómico, el recorte de 800 millones que hubo de afrontar el Ejecutivo de las Islas tras conocerse los Presupuestos Generales del Estado para este año, el regreso a la obligatoriedad de la presentación del certificado de residencia para tener acceso al 50% de descuento al viajar y, la pasada semana, los cruces de acusaciones tras acogerse Canarias al Fondo de Liquidez Estatal. Demasiadas batallas como para descartar del todo una caída del crédito político.

Lanzarote y Fuerteventura, las islas más perjudicadas por la desaparición de las subvenciones para la desalación, ya han expuesto que la medida les coloca en el borde mismo del precipicio. Sus recibos del agua se incrementarían hasta en un 50%, circunstancia difícilmente soportable para unos ciudadanos con un poder adquisitivo cada vez más mermado y que heriría gravemente a las empresas. Entre ellas las turísticas, sector que registra un elevado consumo de agua.

Para el presidente canario, la decisión tomada por el ministro Miguel Arias Cañete revela "desconocimiento" y constituye "una falta de respeto intolerable a la historia de sacrificios y coraje que ha marcado la exigente -y con el tiempo exitosa- convivencia de los canarios con el agua".

El Gobierno de Mariano Rajoy no oculta que su primordial ocupación es cuadrar las cuentas para cumplir el objetivo de déficit que exige la Unión Europea. Sin abandonarlo, comienzan a introducirse las tesis que abogan por conjugarlo con una rebaja de la tensión con las comunidades autónomas que no están gobernadas por el PP.

Sobre todo a la hora de no establecer agravios comparativos. El sábado, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, el nacionalista canario Mario Cabrera, afirmó que el mismo proyecto de presupuestos que deja en cero las subvenciones para la desalación en Canarias, otorga ocho millones de euros a Ceuta y Melilla.