La Ley de Armonización y Simplificación del Territorio se atasca por las negociaciones entre la Consejería de Política Territorial del Gobierno regional y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ya que los alcaldes siguen sin estar satisfechos con el contenido del anteproyecto de ley porque, en su opinión, provoca mayor confusión en la tramitación administrativa de los planes generales, invade competencias municipales e intenta imponer a los ayuntamientos los equipos profesionales que deben redactar el planeamiento.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente de la Fecam, Ignacio Rodríguez, critica que con la redacción actual la nueva norma sobre el suelo "no satisface ni a los grupos profesionales, ni a los sectores económicos y empresariales, ni a los ayuntamientos que son, en última instancia, los responsables de la ordenación urbanística de sus territorios". A pesar de que el consejero responsable de la ley, Domingo Berriel, dijo hace unos días que el acuerdo con la Fecam está cerca para llevar el texto como proyecto de ley al Consejo de Gobierno, el dirigente de la Fecam considera que, aunque se han acercado posturas, "todavía estamos en periodo de negociación y aún no se puede dar nada por cerrado".

Ignacio Rodríguez Jorge, también vicepresidente tercero de la Fecam y alcalde de La Matanza, advierte que tal y como está redactada la ley la armonización y simplificación sólo se queda en el título, porque "en el contenido la norma introduce figuras y conceptos nuevos que confunden más y no aportan nada que simplifique el procedimiento engorroso del planeamiento urbanístico". Rodríguez reclama al Gobierno una ley que permita, con un esquema preestablecido de plazos, que un plan general se pueda aprobar en un plazo de dos años y que también se aplique en el mismo mandato en el que se apruebe.

Aprobación directa

En esta petición de reducir trámites administrativos y agilizar los procedimientos, los alcaldes solicitan que los planes generales puedan ser aprobados directamente por los ayuntamientos con el control de legalidad adecuado. Esto significa obviar a la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), órgano colegiado dependiente de la Comunidad Autónoma que es el que tiene la última palabra en la aprobación definitiva del planeamiento.

Rodríguez puntualiza que si el plan general respeta y se adecúa a la planificación autonómica e insular "no vemos inconveniente en que el territorio sea desarrollado directamente por los ayuntamientos".

Según la Fecam, tal y como está la ley se están repitiendo trámites de forma innecesaria. "No es presentable que la mayoría de los planes generales no estén adaptados, que se tarde para cualquier modificación por mínima que sea hasta cuatro, seis o diez años. En esta situación no podemos seguir, por lo que deben ser los ayuntamientos los que aprueben directamente los planes, lo que reduciría los plazos".

Rodríguez discrepa del consejero Domingo Berriel, para el cual con esta ley un plan general puede estar aprobado en el mejor de los casos en dos años y en el peor en cuatro. El vicepresidente de la Fecam cree que se trata más bien de una "ilusión" del consejero que de la realidad ya que el documento no lo refleja. Por eso, el alcalde del municipio tinerfeño de La Matanza espera que el Gobierno continúe negociando con el órgano que representa a los municipios porque son los que tienen que aprobar los planes y ejecutarlos.

La Fecam espera que el Gobierno no apruebe la ley con prisas y sin que haya el suficiente consenso con los ayuntamientos. Para los municipios una ley de este tipo es fundamental para clarificar el proceso administrativo pero "por mucha prioridad que el Gobierno le quiera dar a esta ley, sin consensuarla con las administraciones que gobiernan los territorios dificilmente tendrá la efectividad que se pretende y las cosas se pueden complicar". Por eso Rodríguez reclama al Ejecutivo más voluntad de negociación y que se establezcan grupos de trabajo técnicos para avanzar en los contenidos de la ley, negociando artículo por artículo.

Otra cuestión en la que no están conformes los alcaldes es que "de ninguna de las maneras vamos a permitir que se impongan los equipos redactores a los municipios, deben ser los ayuntamientos los que elijan a los equipos de profesionales y los grupos que gobiernan las corporaciones municipales deben plantear el modelo territorial que quieren para sus municipios, siempre que se respete la legalidad vigente y el marco establecido por los planes insulares de los cabildos y las leyes autonómicas y nacionales". En los próximos días seguirán los contactos entre la Fecam y la Consejería para resolver los puntos en los que aún no hay acuerdo.