Los siete secretarios insulares del PSC-PSOE lanzaron ayer un llamamiento "urgente y desesperado" al Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, para que acepte la treintena de enmiendas de los socialistas canarios al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013.

Las modificaciones planteadas por importe de 300 millones de euros contribuirían a paliar "el ahogamiento y la asfixia" del Archipiélago, aseguró ayer el secretario general del PSC-PSOE de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres. De forma simultánea en el resto de islas los representantes del partido emitieron idéntico mensaje y reclamaron el apoyo de los diputados de la Cámara baja, especialmente de los del PP, para que prosperen sus enmiendas.

"Los canarios tenemos que plantarnos ante el Estado" para conseguir el mismo trato que el resto de comunidades autónomas, advirtió el secretario general del PSC en Tenerife, Manuel Fumero, para quien los PGE para el próximo ejercicio "condenan al Archipiélago a más paro con su trato sectario".

Por su parte, Ángel Víctor Torres afirmó que "es de justicia" cambiar el texto presupuestario debido a la elevada tasa de desempleo y pobreza que atraviesa Canarias. De lo contrario, si el PP "no escucha el clamor" de los isleños los efectos de los recortes recaerán sobre "miles de familias". En este sentido, el también alcalde de Arucas denunció que en los últimos dos años el Estado ha reducido el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en aproximadamente un 90%, una situación que tildó de "grave" pues implicará la merma de ayudas de emergencia social que ofrecen los ayuntamientos.

Torres explicó que de los 300 millones de euros que el PSOE exige para las Islas, alrededor de 30 irían dirigidos al convenio de carreteras. La enmienda al respecto propone extraer dicha cuantía del Fondo de Contingencia y otros imprevistos del Estado. Además, entre otras enmiendas, los socialistas reivindican 42 millones para el Plan Integral de Empleo -rebajado a diez millones por el PP-; nueve millones para la subvención al agua desalada; y 9,8 millones para rehabilitar viviendas. "No somos optimistas", admitió, sin embargo, Torres sobre la aprobación de estas correcciones.