Mientras espera la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno canario planea el modo en que asumirá el nuevo recorte de financiación estatal que sufrirán las Islas. Se calcula que el nuevo tijeretazo se situará muy por encima de los 570 millones de euros. Una de las vías para ello será dejar sin cubrir las plazas que permite la tasa de reposición fijada por el Estado -dar entrada solo a un trabajador por cada diez que se jubilan-. Así lo confirmaron ayer fuentes próximas al Ejecutivo canario, que advirtieron además de que continuarán los ajustes de línea dura en las empresas y organismos públicos del Archipiélago.

Las diferencias entre los socios de gobierno se intentan suavizar. Desde Coalición Canaria se asegura que no se contempla despedir ni a funcionarios ni a laborales, si bien "se restringirán al máximo las nuevas contrataciones" y habrá que "seguir reorganizando las empresas públicas".

Por nuevas contrataciones se entiende también la entrada en nómina de efectivos, en la mencionada proporción del 10%, para cubrir las plazas que dejen vacantes los trabajadores públicos que se jubilen. En el caso de la Educación, el efecto inmediato sería un incremento de la ratio profesor/alumno.

Lo que sí se da por descartado es que baste con una reorganización de la Administración regional, tesis que defiende la parte socialista del Gobierno regional. "Si las enmiendas no rebajan ese recorte de 500 millones que vamos a sufrir, es matemáticamente imposible hacerlo con unos retoques", señalaron fuentes cercanas a la parte nacionalista del Ejecutivo.

Los socialistas proponen una reducción de al menos 20 cargos públicos de los 104 que existen actualmente y de un tercio del personal de confianza y asesores de que dispone el Gobierno.

En lo que sí existe coincidencia es en la necesidad de profundizar en los ajustes de empresas públicas, fundaciones y organismos dependientes de la comunidad autónoma. "Ya se han hecho ERE [Expedientes de Regulación de Empleo], pero no se pueden descartar más en función de sus planes de viabilidad", señalaron fuentes de CC. Dichas empresas, fundaciones y organismos públicos van a tener también presupuestos recortados el año próximo y se trata "de saber qué servicios hay que dar. No ya atendiendo solo a parámetros económicos, sino viendo realmente qué es lo que se necesita", afirmaron las mismas fuentes. El objetivo expresado es hacer una nueva organización adaptada al tiempo actual. "A lo mejor no se necesitan siete ingenieros porque no hay inversión pública y hay que amortizar algunos de esos puestos", explicaron. Es decir, "no se puede mantener en nómina a quienes resultan improductivos porque no tienen la carga de trabajo" de años anteriores.

Otras fuentes consultadas abogaron además por diseñar un plan que contemple "lo que queda. Parece que nos estamos centrando en el recorte y nadie habla del servicio que se quiere prestar con los aproximadamente 7.000 millones de euros de presupuesto que se van a manejar", afirmaron.

Las mismas fuentes abogaron por ajustar los recursos humanos a los servicios que quieren prestarse y entienden lógico que en el ámbito público se produzca "el ejercicio de ajuste que ya han realizado las empresas privadas".

La secretaria de Enseñanza Pública de UGT-Canarias, Carmen Dolores Rivero, señaló ayer que las Islas son la comunidad autónoma "con menor número de profesores por alumno". Consideró que la situación "es límite" y estimó como posible que el nuevo recorte afecte a la plantilla. "No sé cómo van a evitar tocar el capítulo I" del presupuesto, el que re refiere al personal, señaló.

Su homólogo en CCOO-Canarias, José Ramón Barroso, incidió en que se han perdido 4.000 trabajadores en los últimos cinco años en Educación. "Hasta que no se sepa la cantidad que llega de Madrid, todo son elucubraciones, pero es lógico pensar que si los números no cuadran, se producirán reajustes que afectarán a las plantillas y a los servicios que prestan", explicó.