Los jueces canarios dan algo de aliento a quienes no pueden afrontar el pago de sus hipotecas. Los magistrados rebuscan en la legislación para intentar frenar los desahucios de las familias isleñas. Desde el inicio de la crisis cerca de 8.500 dueños de viviendas en las Islas se han visto en la calle, cifra que la justicia contiene y evita que el número de afectados sea mayor.

Los jueces están mirando con lupa los procedimientos que entran en sus juzgados y en algunos casos dictan resoluciones en las que aprecian cláusulas abusivas en las operaciones bancarias, sobre todo vinculadas a los intereses de demora en los contratos hipotecarios, considerados "leoninos" por fuentes jurídicas. Es más, ayer el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, defendió una reforma de la ley hipotecaria tras admitir que la actual normativa está produciendo "disfunciones" por el elevado número de desahucios ordenados y su impacto social.

La problemática derivada de las ejecuciones hipotecarias, que se han disparado desde el comienzo de la crisis en 2008, es uno de los asuntos que se tratan en la jornada de jueces decanos de España en Barcelona. Miembros de la judicatura canaria insisten en que están obligados a cumplir la ley, que -reconocen- beneficia a las entidades financieras frente a los consumidores. A este respecto remarcan que "la responsabilidad de lo que está ocurriendo" recae en el legislador, el Congreso de los Diputados. "El problema es que los jueces somos los que tenemos que hacer el trabajo sucio: echar a los propietarios", añaden las mismas fuentes.

Asimismo, abogan por regular el vencimiento anticipado de los préstamos y su limitación cuando hay garantías externas de pago como a través de los fiadores -aquellos que se responsabilizan de las obligaciones de otras personas- y la posibilidad de establecer moratorias por la coyuntura económica.

Los órganos judiciales se están replanteando dar soluciones a un grave conflicto social. Como ejemplo de sus críticas, un juez de Santa María de Guía ha dictado un auto en el que cuestiona el "abuso en la concesión fácil de préstamos en una actividad especulativa que crea un mercado ficticio que luego, al desaparecer, suponga la ayuda económica [a los bancos] mientras se mantienen las reclamaciones abusivas de intereses desmedidos" a los clientes. El juez ve "aberrante" que los consumidores paguen "tasas excesivas" cuando los bancos son inyectados de dinero público".

El director del servicio jurídico de la Asociación General de Consumidores, Alejandro Zornoza, confirmó la paralización de procedimientos de desahucio en los tribunales por defectos de forma. Los jueces analizan si las cuotas se han cobrado al precio y plazo estipulado, así como la valoración de la vivienda, entre otros factores. Otra vía abierta para los afectados y que es poco conocida es solicitar al banco rehabilitar su crédito. Si la entidad se niega pueden acudir al juez, que obligará al banco a renovar el préstamo. Esta alternativa sólo puede ejercitarse una vez cada cinco años. Así, el desalojo queda paralizado siempre y cuando el dueño de la vivienda abone la deuda que dio lugar a la ejecución hipotecaria y las costas del proceso. No obstante, hay mucha familias que no pueden recurrir a esta opción porque no disponen de dinero para el procedimiento judicial ni han logrado fondos a través de parientes o fiadores para pagar las cuotas atrasadas.

De abril a junio de 2012 se marcó un nuevo récord de desalojos forzados en España con 47.943, es decir, 526 desahucios diarios. En Canarias se producen entre 25 y 30 cada día, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Tenerife. Mientras, Zornoza denunció que ocho meses después de su creación el Código de Buenas Prácticas Bancario "no ha servido para detener la avalancha de desahucios". Endurecer ese código para los bancos que reciben apoyo público es una de las ideas del PSOE, que ayer presentó una proposición de ley en las Cortes contra los desalojos. Pretende evitar que 250.000 familias españolas -7.500 canarias- abandonen sus hogares este año, según el secretario de Organización del PSC-PSOE, Julio Cruz. Su propuesta, que trata de resolver la insolvencia sobrevenida, incluye la quita en el capital pendiente de amortización y la dación en pago.