El Ayuntamiento de Santa Cruz cancelará sus cuentas y dejará de trabajar con todos los bancos que no cumplan con el Protocolo Antidesahucios de la capital y con aquellos que le quiten la casa a una familia sin haber contestado antes a los requerimientos de la corporación local. El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), dio ayer un ultimátum a las entidades bancarias que operan en la Isla, advirtiéndoles de que no permitirá ni un caso más de injusticia en el municipio.

Asimismo, el regidor alertó de que no consentirá, ante el anuncio de un desahucio en Santa Cruz, que los bancos se den el lujo de no responder al llamamiento del Ayuntamiento para poder antes mantener una reunión y hablar del caso. "Nos negamos a aceptar que entidades bancarias que han sido rescatadas con el dinero de los ciudadanos ni siquiera se dignen a contestar a la administración".

Bermúdez puso como ejemplo lo ocurrido a la vecina de Los Gladiolos, Carmen Omaña, y sus hijas, que abandonaron su hogar por una deuda con Bankia, banco que nunca contestó al Ayuntamiento, a pesar de que le envió varios requerimientos para intentar evitar este desahucio. "Por lo menos podrían haber dicho que no había solución alguna y que se tenía que proceder al desahucio, pero no nos respondieron nada, ignorando por completo al Consistorio", explicó el alcalde. Precisamente, Bankia será una de las entidades bancarias con las que la institución chicharrera dejará de mantener relaciones.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Santa Cruz utiliza los servicios de los 14 bancos que se encuentran en la isla, aunque el 90% de sus operaciones se realizan con el BBVA, Santander y Bankia, según el edil de Hacienda, Alberto Bernabé. Pero el alcalde de la capital dejó claro que no tendrá miramiento alguno con aquellas entidades, sean cuales sean, que no atiendan al Ayuntamiento ante un caso de desahucio y que no cumplan con el Código de Buenas Prácticas del Protocolo Antidesahucios.

Este protocolo, cuyos principales impulsores fueron el concejal de Ciudadanos, Guillermo Guigou, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife, fue aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz ante los numerosos casos de desahucios en el municipio. Según datos de la Plataforma, en Santa Cruz unas 5.000 familias se enfrentan a un proceso de este tipo, aunque la cifra que barajan los bancos es de alrededor de 2.000 personas.

El protocolo fija la mediación del Ayuntamiento con los bancos y se pide a estos aplicar la moratoria en el desahucio y del crédito hipotecario, alquiler social, posibilitar la petición de ayudas, dación de pago y medidas excepcionales.