El Colegio de Abogados de Las Palmas estudia crear una oficina de atención a las personas afectadas por desahucios para intentar asesorar con carácter previo al procedimiento de ejecución hipotecaria.

Se trata de abrir una especie de ventanilla de información para los perjudicados por los desalojos, según informó el vicedecano de la entidad, Javier Monzón, que comentó que este servicio será, en principio gratuito, y con la colaboración altruista de letrados especialistas en derecho civil. Según el caso, se podría derivar a las asociaciones de afectados o a los compañeros que les correspondan en turno de oficio.

En este punto, la Junta de Gobierno de la institución está analizando la fórmula para llevar a cabo su iniciativa y cómo conjugarla con el turno de oficio ante la "gran avalancha de asuntos que entran debido a esta crisis tan gorda", aseveró Monzón, que subrayó la importancia de este despliegue de labor social. Esta asistencia beneficiaría a las familias que se vean obligadas a abandonar su hogar en Gran Canaria y Fuerteventura, que integran el Colegio de Abogados de Las Palmas. Actualmente unos 3.200 letrados ejercen en ambas islas y el Colegio, presidido por Joaquín Espinosa, dispone de un servicio de orientación jurídica para los ciudadanos. Con su proyecto persiguen un "servicio específico y oficial" para dar respuesta a un conflicto social que "colapsa" los juzgados.