"Hay que cambiar la ley porque si no los jueces estamos atados de pies y manos". Varios instructores judiciales en Canarias emplearon estas palabras ayer para reclamar al Congreso de los Diputados modificar la legislación hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor, pues limita sobremanera su capacidad para poner coto a la "sangría" de desahucios de familias de sus viviendas por la crisis. La única salida imaginativa que pueden utilizar los jueces a día de hoy es acudir a la normativa de protección de consumidores, que nace del derecho de la Unión Europea, y anular los intereses de demora fijados en la escritura hipotecaria.

Los 526 desalojos diarios en España, 30 en Canarias, por el impago de la hipoteca han logrado una inusual unanimidad entre Gobierno central, principales partidos políticos e instituciones como el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial. La posibilidad de introducir cambios legales está cada vez más cerca hasta el punto de que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció ayer que hoy será la primera reunión para intentar pactar una solución. En el encuentro estarán la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano.

El juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana, Mariano López, desveló ayer su "frustración" y la de sus colegas de la judicatura debido a la restricción legal, que deja al deudor con prácticamente nulas opciones para oponerse a la ejecución hipotecaria. En sus resoluciones este juez de la Asociación Jueces para la Democracia actúa de oficio en determinados casos en los que constata que los intereses moratorios a cobrar por los bancos son "abusivos". Para ello recurre a la normativa europea relativa a las reclamaciones de cantidad -por ejemplo cuando un banco concede préstamos al consumo para adquirir un mueble o un vehículo- y la aplica por analogía para eliminar los intereses de demora en las ejecuciones hipotecarias.

Drama

"El final [el desahucio] es inevitable, pero se trata de, al menos, no hacerlo tan dramático en el resultado de tener que pagar muchísimo dinero. Se disminuye un poco la deuda", apunta este juez, convencido de que está siendo "justo en la medida en que la ley lo permite" y en medio de una "crisis tremenda como no se ha visto desde el crash de 1929". López precisó que "no es que los jueces tengan ninguna enemistad con las entidades financieras", sino que quieren aplicar "justicia en el sentido estricto y actuar conforme a derecho". En su opinión, "lo primero" que tienen que hacer los partidos políticos al legislar es dar la posibilidad a los jueces de arbitrar mecanismos en los que se pueda tener en cuenta cada caso y las circunstancias personales y familiares de los perjudicados. "Se debe incluir un trámite donde el deudor pueda alegar sus problemas para pagar, que el juez pueda valorar en función de las condiciones de cada caso y pueda conceder una mora o reducción de las cuotas durante un tiempo", apostilló el juez de Instrucción 2 en el mismo partido judicial, Julio Wood, que plantea que sea el juez el que pondere cada proceso porque algunos "son sangrantes, pero a lo mejor otros no lo son tanto". En general, los jueces son partidarios de que el Estado obligue a la banca a asumir el Código de Buenas Prácticas Bancarias, hasta ahora voluntario, así como que la ley introduzca la dación en pago, pero que éste sea el último recurso. El juez del Juzgado número 5 de San Bartolomé de Tirajana, Guillermo Fernández, se mostró a favor de la dación si se demuestra que "ha existido abuso por parte del banco o tasación excesiva". Asimismo, abogan por poder fijar medidas que permitan a los afectados seguir en sus viviendas pagando, por ejemplo, un alquiler social.