Conspiraciones políticas, una recalificación de suelo y la compra de una parcela más del cuádruple del precio tasado por los técnicos municipales. El juicio a Agustín Padrón Benítez, alcalde de Valverde (El Hierro) y diputado autonómico del PP, restalló ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como una metáfora de la especulación urbanística. El regidor apeló al "interés general", el "futuro" de su localidad y el "precio de mercado" para justificar por qué pagó 182.707 euros por una parcela que la arquitecta de la Corporación valoró para su adquisición en 39.065 euros.
El alcalde sostuvo que compró la parcela en 1999 para satisfacer una demanda vecinal y solucionar la escasez de aparcamientos en el Pozo de las Calcosas, una zona de la capital herreña que creció en la década de los 80 de "manera vertiginosa" y en la que se pagaban "cantidades desorbitadas por los terrenos", sostuvo Agustín Padrón ante el tribunal. Sus explicaciones no convencieron al fiscal Luis del Río, que mantuvo su acusación de malversación de recursos públicos y prevaricación administrativa, delitos por los que reclama para el parlamentario una pena de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o empleo en la Administración.
El representante del Ministerio Público también acusa de los mismo delitos y solicita las mismas penas para Manuel Padrón Hernández y José Miguel León Quintero, pues en su calidad de tenientes de alcalde participaron en la comisión de gobierno que aprobó "por unanimidad" la operación el 15 de marzo de 1999. "Todos actuaron con pleno conocimiento de los informes negativos de la técnico municipal y del interventor-secretario", sostiene el fiscal.
La acusación pública considera que los tres procesados "querían lucrar al vendedor de los terrenos a costa de la hacienda local porque las pruebas son claras y contundentes", aseguró Del Río en su informe final. Luego añadió que "este tipo de conductas corruptas es lo que genera el desprestigio de las instituciones."
Los hechos
El alcalde formalizó la compraventa en escritura pública el 1 de julio de 1999 con la empresa Fronpeca SL. Pagó al empresario 182.707 euros, un precio cuatro veces superior al fijado por los técnicos municipales en los dos informes emitidos sobre la inconveniencia de ejecutar esa operación urbanística, la cual se ejecutó en una parcela que era de 5.000 metros cuadrados y estaba afectada casi en su totalidad por la Ley de Costas, según testificaron ayer los guardias civiles que participaron en la investigación.
El primero de esos dictámenes está fechado el 17 de diciembre de 1998. La arquitecta tasó la parcela en 39.065 euros. Luego, el 8 de marzo de 1999, el secretario e interventor dejó constancia en otro documento de la "desproporción existente" entre ambos precios, incluso señaló que la oferta del empresario era "gravosa" para la hacienda local.
Los dos técnicos, Juan Pablo Martín González y María Nieves Padrón García, ratificaron ayer sus conclusiones, las cuales también fueron refrendadas por el perito judicial Juan Jesús Cabrera Oliva. Por eso el fiscal entiende que existen pruebas "contundentes" para elevar a definitivas sus conclusiones provisionales.
Además, el secretario indicó en su informe la posibilidad de adquirir el terreno mediante otras vías, entre ellas la expropiación forzosa, y resaltó que la parcela elegida no era idónea para la operación urbanística proyectada "por no ajustarse al Plan General de Ordenación Municipal". Y es que de los 5.000 metros cuadrados del terreno, 500 metros estaban clasificados como suelo urbanizable no programado y el resto se encontraba afectado por la Ley de Costas.
El proyecto consistía en la construcción de unos aparcamientos y otros equipamientos municipales, algunos a petición de los vecinos de El Mocanal, en la zona de Tancajote-Pozo de las Calcosas (Valverde), motivo por el que el regidor publicó un bando e invitó a los interesados a que presentaran ofertas.
El único interesado fue el dueño de Fronpeca, Pedro Nicolás Padrón, un constructor que ostenta el monopolio del asfalto de carreteras en El Hierro.
El empresario admitió ayer en la vista oral del juicio que compró 10.000 metros cuadrados en Las Calcosas seis meses antes de formalizar el acuerdo con el Ayuntamiento. Aclaró que sólo revendió la mitad de la parcela al mismo precio que pagó por la totalidad del suelo, el cual se corresponde casi con los 182.707 euros desembolsados por la Corporación. El constructor niega que tuviera información privilegiada sobre el cambio de uso del suelo, que pasó de rústico a urbanizable.
También declararon varios vecinos, entre ellos el denunciante de los hechos, Domingo Martín Alfonso. "En El Hierro no se hace nada por casualidad. Presenté la denuncia porque la documentación me pasó el Partido Socialista", confesó.
Las defensas solicitaron la absolución al considerar que no hubo malversación porque la parcela se compró al precio del mercado, según arguyeron dos peritos privados. Asimismo entienden que los posibles delitos han prescrito, aunque introdujeron una calificación alternativa por si finalmente recae una condena. En concreto pidieron una rebaja de la pena por dilaciones indebidas.
