Las dudas sobre el hecho de que la investigación respecto al supuesto espionaje derivado del caso Eólico llegue a buen puerto se convirtieron ayer en la comidilla en los pasillos de las sedes judiciales de Gran Canaria. En uno de los extremos, la postura que defiende que la investigación puede terminar con una exposición razonada elevada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que sea este órgano el que investigue a dos jueces de la Isla; en el otro, la imposibilidad de que un juez de instrucción reabra una investigación para investigar a los magistrados. Para ambas hay argumentos y, en el medio de ellas, se alza como director de orquesta el magistrado instructor de la causa, Alberto Puebla Contreras, que tiene que reabrir el procedimiento.

La génesis de la discusión parte de la denuncia que el juez instructor del caso Eólico, el magistrado Miguel Ángel Parramón, interpuso ante la Policía Nacional en compañía de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, y el secretario, Miguel Ángel Tabladillo, por presunto espionaje.

A la causa que se abrió dentro del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, del que es titular el juez Alberto Puebla, se unió la denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias por uno de los siete imputados en el caso Eólico, Alfredo Briganty, en contra del instructor. Su denuncia se basaba en una conversación que un abogado, José María Aranda, mantuvo con un cliente suyo, Jesús González, inicialmente encartado en la causa, y en la que le aseguraba que el juez Parramón le había ofrecido un trato para quitarle la imputación en el caso Eólico.

El juez Puebla, tras la práctica de una serie de diligencias, archivó la causa el 27 de mayo de 2011 defendiendo que no fue Migue Ángel Parramón quien levantó la imputación del cliente de Aranda, sino el fiscal Anticorrupción, Luis del Río. Con lo cual, la denuncia de Briganty no tendría ningún sentido ni tampoco el caso de espionaje.

Sin embargo, dado que varias diligencias, entre ellas la declaración testifical de Jesús González, se realizaron sin la presencia de Briganty -que para entonces pedía al juzgado que le dejase formar parte como acusación popular- los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba y Carlos Vielba, entienden ahora que se le produjo "indefensión" y han ordenado al juez Alberto Puebla que reabra la causa y realice cuantas diligencias estime oportunas para aclarar si la denuncia del imputado tiene algún fundamento criminal o no.

En este punto se encuentra el problema, dado que, como afirma el magistrado presidente de la Sección Sexta, Emilio Moya, que disiente de sus compañeros en un voto particular, "debe observarse que no se trata de una investigación en curso en la que casualmente aparecen indicios de responsabilidad criminal contra una persona ajena al proceso, sino que, en el caso que se examina, el señor Briganty, cuando interesa la personación lo hace con distinta finalidad que los denunciantes, ítem más, precisamente para perseguirlos a ellos".

Para que los jueces sean investigados, y más en una situación en la que un imputado por un magistrado pide que se investigue a ese mismo juez, debe cursarse "querella ante el órgano adecuado", aclaran fuentes judiciales, "y ese no es otro que el Tribunal Superior de Justicia" (TSJ).

Es más, el propio Emilio Moya escribe en su voto particular que "el señor Briganty es muy libre de poner una querella contra el aforado que estime oportuno en el TSJ de Canarias", algo que al parecer no ha realizado.

Para Alba y Escobar, lo que el juez Puebla debió hacer fue "abrir pieza separada en la que sustanciar la totalidad de las diligencias que afectan al hecho que nos ocupa. La noticia criminis que el señor Briganty pone en conocimiento de la Fiscalía y después del Juzgado de Instrucción, su personación como acusación popular y la resolución o resoluciones que el juzgado estime convenientes en aras a dar cumplida y motivada respuesta a sus pretensiones".

Para Moya, sin embargo, esto significa, "sencilla y llanamente, practicar diligencias contra un aforado [el juez Miguel Ángel Parramón] de cuya competencia carece el órgano instructor", señala en su voto particular.

Sí coincide con sus compañeros de Sección en que, como máximo, se abra pieza separada y se le tome declaración a Briganty pero asegura que todo acabará en un sobreseimiento porque, "respecto a los hechos, es un tercero ajeno a los mismos" y "no existe indicio alguno que nos permita la remisión de las mismas al TSJ". La pelota está ahora en el campo del juez instructor Alberto Puebla.