El Gobierno de Canarias admitió ayer que, "indudablemente, en un escenario de recortes multimillonario por parte del Estado al Archipiélago, cuando no de infradotación, algo van a verse afectados" los servicios básicos -Sanidad, Educación y Servicios Sociales-. Así se expresó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Por la tarde, en un encuentro con empresarios, el presidente Paulino Rivero fijó en 4.600 millones de euros el coste de esos servicios básicos e incidió en que el reparto de fondos que hace el Estado vía sistema de financiación autonómica deja más de 1.000 millones sin cubrir.
El Ejecutivo regional mantiene que Educación, Sanidad y Servicios Sociales "continuarán siendo prioritarios" en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2013, pero se verán condicionados por el ajuste estatal. Para que el acercamiento a esos 1.000 millones de euros sea posible, ningún otro departamento quedará a salvo. "¿La administración pública tiene que adelgazarse? Pues evidentemente, como todos. Tenemos que ajustarnos a los nuevos tiempos, al igual que hacen las empresas privadas", explicó Rivero.
La comunidad autónoma quiere crear un "dique de contención" frente a "la ola, ya tsunami, que amenaza a los servicios públicos", señaló el portavoz canario tras negar que el Ejecutivo baraje, "ni por asomo", imponer una tasa turística o aumentar el IRPF a las rentas más altas. "Quedaríamos muy bien diciendo que vamos a incrementar el gravamen a quienes más cobran, pero poco nos va a solucionar, porque solo recaudaríamos 200.000 euros más", aseguraron otras fuentes del Gobierno canario.
Impuesto sobre el Patrimonio
Algo más de esa cantidad aportaría un retoque en el Impuesto sobre el Patrimonio que el Consejo de Gobierno medita llevar a cabo. Tras la recuperación de este tributo por parte del Gobierno de Zapatero, cada comunidad autónoma tiene libertad para aplicarlo o no. Canarias sí lo hizo, pero no cambió la tarifa fijada por el Estado y tiene potestad para hacerlo.
La iniciativa que baraja el Ejecutivo es incrementar los gravámenes en los tramos más altos. Los patrimonios cuya base imponible se sitúa entre los 5,4 y los 10,6 millones de euros pasarían de la actual tributación al 2,1% a hacerlo al 2,25%. Mientras, los superiores a esos 10,6 millones estarían gravados con un 2,7% en lugar de continuar con el 2,5% actual.
Los 3.600 canarios que pagan este Impuesto sobre el Patrimonio dejarán este año en las arcas autonómicas 22 millones de euros. Con la variación de las décimas que estudia aplicar el Ejecutivo, la recaudación se incrementaría entre medio millón y un millón de euros.
Martín Marrero denunció que el Estado ha aplicado "mucha más tijera" en las Islas que en otras comunidades autónomas y "eso no es gratuito. Si hay menos recursos, indudablemente los sacrificios tendrán que ser mayores por parte de todos, los 2,1 millones de habitantes del Archipiélago", apostilló Marrero, que, no obstante, matizó que "sacrificios no es sinónimo de fiscalidad".
Mientras, Paulino Rivero enfatizó que no será posible dejar atrás la crisis "solo desde la política de los ajustes y los recortes". El presidente canario señaló que es necesario "tener iniciativas que propicien el crecimiento" e incluyó entre ellas la bonificación a las tasas aéreas que estuvo vigente en 2011. A su juicio fue eso lo que permitió que la economía canaria creciera un 2,1% durante el pasado año, mientras el incremento en el conjunto de España se quedaba en el 0,4%.
Paulino Rivero se mostró confiado ante los empresarios en que cristalicen las negociaciones con Europa para que las Islas puedan contar con 2.000 millones de euros más en el periodo 2014-2020 en virtud de la condición de región ultraperiférica que ostentan las Islas. Esa cantidad, en caso de llegar, estaría destinada a relanzar la actividad económica mediante proyectos de inversión mixtos público-privados.
Los miembros de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) con los que se reunió en la tarde de ayer Rivero en compañía del secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, encontraron un presidente "decidido a gobernar con lo que tiene". En palabras de uno de los asistentes al encuentro, Rivero "no fue quejica".
En cuanto al impacto que los recortes tendrán en sectores como la construcción, el presidente de la CCE, Sebastián Grisaleña, abogó por "intentar poco a poco" que las cuentas del Estado incrementen su partida para obra pública en el Archipiélago, porque la cuantía ahora mismo "es mínima".
