El consejero de Obras Públicas, Carreteras y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, confirmó ayer que cederá las infraestructuras nuevas a las constructoras que realicen los trabajos, para que estas puedan cobrarla con las tarifas o rendimientos económicos que produzcan. Así lo ha empezado a hacer ya la Consejería con la ampliación del Puerto de la Cruz, cuyo concurso público ya ha iniciado, y procederá del mismo modo con los proyectos de puertos deportivos. El Gobierno recurre a esta fórmula de las concesiones administrativas para poder desbloquear inversiones recortadas por el Estado, y que tampoco pueden acometerse ya bajo el modelo alemán (la prefinanciación del proyecto por parte de las empresas, que cobran años después de la administración), porque aumenta el déficit que ya limita Madrid a las comunidades autónomas, y que en este año no puede superar el 1,5 % del Producto Interior Bruto.
Berriel subrayó que la colaboración entre empresas privadas y administración "se puede abordar siempre y cuando no suponga un endeudamiento". El Gobierno tiene escasos recursos, y las empresas no pueden adelantar los fondos porque "sería lo mismo que si pidiéramos un crédito", esto es, cuenta como deuda. Así, los planes de nuevos colegios están comprometidos, así como un acuerdo que el presidente regional, Paulino Rivero, trataba de cerrar con el Círculo de Empresarios de Gran Canaria para impulsar nuevas inversiones.
La solución de las concesiones administrativas es aplicable a los puertos, pero no a otras obras que, una vez acabadas no dan beneficios. Es el caso de las nuevas carreteras para Canarias, que no tienen financiación suficiente tras los recortes del Estado (de los 414 millones previstos en el convenio Canarias-Estado para 2012 y 2013 se ha pasado a 114 millones).
"Aquí no puede aplicarse a este método. Tendrían que ser de peaje, y en Canarias eso no es posible, el territorio no permite ese tipo de alternativas", se ratificó Berriel. El consejero añadió que "la obra pública que se haga a través de la iniciativa privada tiene que ser siempre a cuenta del contratista, y por tanto, la amortización tiene que venir por el cobro de determinadas tarifas por ese servicio".
El responsable de Obras Públicas indicó que "otras soluciones, como dar concesiones a cambio de hacer las carreteras, por ejemplo, se podrían hacer", aunque recalcó que "éstas no son fáciles".
Día Mundial del Urbanismo
El consejero de Obras Públicas del Gobierno regional realizó estas manifestaciones antes de formar parte de la mesa redonda con la que la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur) celebró el Día Mundial del Urbanismo, en el salón de actos de la Escuela de Arquitectos del campus universitario de Tafira. El catedrático Carmelo Padrón moderó un debate en el que se analizó el desarrollo del planeamiento en el territorio canario.
El propio Berriel abrió las intervenciones aludiendo, como origen de los problemas, al desarrollo de la Ley de Iniciativas Turísticas en los años sesenta en Canarias, impulsada por Manuel Fraga, en un proceso "en el que ni siquiera se pidieron compensaciones por la explotación del territorio, como parece que ocurre hoy en el tema del petróleo. En aquella época", añadió, "se ocupó el litoral canario a cambio de nada".
Ana Kurson, consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, apuntó que, en años sucesivos, "las primeras normas para proteger el paisaje fueron un acierto", aunque cuestionó que "al mismo tiempo no se puede proteger el territorio y la densidad de edificación en altura, sin contemplar el crecimiento demográfico". También acudió al debate el catedrático de la Universidad de La Laguna Francisco Villar Rojas, quien resaltó que "el Derecho está para resolver problemas, cuando los genera, sobra", para destacar que "la ordenación también debe responder a las necesidades sociales del momento", en alusión a la actual crisis y los niveles de desempleo.
Por su parte, José Suay Rincón, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana- ria, destacó que "los mayores éxitos del Urbanismo no se ven. ¿Qué hubiera sido de Canarias sin la moratoria turística? ¿O de Lanzarote sin su Plan Insular?"
