Cabildos y ayuntamientos canarios crearon ayer un frente común para negarse a devolver los 40 millones de euros que les reclama el Gobierno autonómico. "No nos salen las cuentas", señaló al término de la reunión conjunta de ambas instituciones el vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Antonio Calcines, para expresar sus dudas sobre la legitimidad de la Administración autonómica para reclamarles esa cantidad, que se deriva de la desviación sobre la previsión de ingresos.

La Federación Canarias de Islas (Fecai) y la Fecam fijaron una postura común sin ningún tipo de dificultada dado el maltrecho estado que presentan las arcas de ambas instituciones. Ofrecen diálogo a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias que comanda Javier González Ortiz, pero ponen por delante que no les toca pagar.

Al mismo tiempo que solicitarán la reunión con el máximo responsable de la Hacienda pública, harán llegar un documento al Gobierno canario en el que exponen que no aceptan "la metodología de cálculo" que se sigue para determinar si de las cantidades que les adelanta la comunidad autónoma deben luego devolver una parte.

Además solicitará que se varíen los porcentajes fijados en su día para establecer esos cálculos. "En nuestras generosidad renunciamos a muchos conceptos", expresó Calcines, "y como no han cumplido con nosotros, hemos decidido rectificar".

Cálculo fallido

Según Fecam y Fecai, el Gobierno canario les aseguró en mayo que por la subida de impuestos que entró en vigor en el mes de julio, recibirían 30 millones de euros más. El error de cálculo del Ejecutivo es del entorno de los 70 millones de euros, dado que no solo no van a recibir esa cantidad, sino que además tienen ahora que devolver los 40 millones reseñados.

El presidente de turno de la Fecai, José Miguel Bravo de Laguna, precisó que "desgraciadamente" las corporaciones locales ya han acudido a los tribunales por otros desacuerdos con el Ejecutivo regional "y si no hay más remedio, llegaremos a eso", pero antes intentarán agotar otras vías como la de las enmiendas en el Parlamento autonómico, informa Efe.