Los alcaldes del Archipiélago no se resisten a reconocer que los nuevos recortes presupuestarios que se avecinan para 2013 desembocarán en expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectarán a las plantillas municipales. Como consecuencia también de esos ajustes y pérdida de personal prevén una importante merma en el servicio que se presta al ciudadano.

Un histórico del municipalismo como Antonio Morales (Roque Aguayro-NC), alcalde de Agüimes, tiene claro que no va a haber más remedio que meter la tijera en la relación de personal. "Si seguimos así, desde luego", afirmó. Para él, la política presupuestaria seguida desde el Gobierno central en primera instancia, y por el autonómico después, coloca a los ayuntamientos "al borde del abismo".

Morales expuso la doble vertiente del problema. Por un lado los presupuestos obligan a recortar en personal, mientras que por otro crecen las necesidades más perentorias de los ciudadanos, cada vez afectados por la crisis en mayor número, que acuden en busca de auxilio a la administración más cercana: los ayuntamientos. El futuro no lo estima fácil, con "enormes diferencias sociales entre municipios colindantes". En pocas palabras, "con un peligroso quebranto de la cohesión social" y un riesgo cierto de "estallido social". El alcalde de Agüimes ve el futuro oscuro y eso que el suyo es uno de los consistorios con mejor salud financiera de las Islas, donde 38 de los 88 municipios gastan más del 50% de sus presupuestos en las nóminas.

Más al Sur, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP-Agrupación de Vecinos), prefiere darse un tiempo "para ver cómo se traduce" el recorte "cuando estén hechas todas las cuentas".

Pérez recuerda que el Gobierno central ha fijado un techo de gasto un 7% más elevado que el presupuesto que ahora está en vigor. Sí calcula que habrá una caída en el capítulo IV de sus ingresos, el de transferencias corriente, es decir, el dinero que le llega desde los cabildos y la comunidad autónoma.

El alcalde de Agaete, Antonio Calcines (PP), también vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), describe las cuentas de los consistorios como auténticas "labores de ingeniería contable". Remarca que no tienen la potestad de legislar, con lo que se ven "obligados a tomar decisiones" que no les "gustan".

Las corporaciones locales se enfrentan ahora a una batalla con el Gobierno de Canarias, que les reclama 40 millones de euros por las cantidades adelantadas por la región previendo que la subida de impuestos y tasas que entró en vigor el 1 de julio iba a suponer un incremento importante de la recaudación. Para esa pelea, los ayuntamientos cuentan con el apoyo de los cabildos, también afectados por las devoluciones que exige el Ejecutivo.

Al respecto, el alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez (PSC), muestra su esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno regional sin tener que pasar a mayores, que en este caso sería acabar en el Tribunal Constitucional. "Ése sería el último paso", dice Calcines "porque no está en nuestra intención terminar judicializando los asuntos que debemos dirimir entre las administraciones".

El presidente canario, Paulino Rivero, insistió ayer en que "hacer frente con estos Presupuestos Generales del Estado al problema del paro requerirá un esfuerzo titánico por parte de todos, sin excepción". Con todo, el consejero de Economía, Javier González Ortiz, planteó ayer la "decisión firme" del Ejecutivo de no rebajar en sus cuentas para 2013 las partidas a las corporaciones locales, que, según él, se incrementarán en relación a 2012.