Con meses de retraso y polémica gubernamental incluida, después de que el Ejecutivo regional se opusiera a su tramitación, ayer el Parlamento aceptó tomar en consideración la Ley Canaria de Educación impulsada por la iniciativa popular con el apoyo de 36.000 firmas.

Con la abstención de los 19 diputados del Grupo Popular, que consideró que habría que esperar a que esté aprobada la nueva ley estatal que impulsa el ministro José Ignacio Wert, la Cámara hizo suyo el texto, que será remitido ahora al Consejo Consultivo de Canarias.

El objetivo de la propuesta es el "desarrollo de la calidad, la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema educativo".