Los socios del pacto regional, Coalición Canaria y Partido Socialista, continúan sin llegar a un acuerdo sobre la reducción de cargos públicos del organigrama de la Comunidad Autónoma, por lo que todo apunta a que la decisión final se aplaza para evitar interrumpir el proceso de aprobación de los presupuestos autonómicos de 2013, que entrarán la próxima semana en el Parlamento. Los nacionalistas no aceptan que sus áreas de gobierno sean las más afectadas por la reducción que proponen los socialistas.

El consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, mantiene su plan con el fin de racionalizar el sobredimensionamiento de la Administración autonómica ante los nuevos ajustes que se contemplan en las cuentas regionales. La reducción de cargos públicos, asesores y de la estructura administrativa es una de las opciones planteadas por el departamento que dirige Spínola no sólo para evitar despidos entre los empleados públicos, sino también para adaptar la estructura de la Comunidad Autónoma a la realidad económica después de verse obligada a reducir el gasto público en más de 2.200 millones de euros en tres años.

El mutismo es la tónica dominante y ni los nacionalistas ni los socialistas desvelan hasta dónde van a llegar para adelgazar el aparato administrativo, que actualmente está formado por 104 altos cargos (consejeros, viceconsejeros y directores generales), con sus correspondientes asesores y personal de confianza.

La última reducción de cierta importancia acometida por la Comunidad Autónoma se produjo en octubre de 2010 a raiz de la salida del PP del Gobierno. La estructura autoómica se redujo cerca de un 15% con la desaparición de ocho direcciones generales, dos viceconsejerías y dos consejerías, cuyas competencias pasaron a otros departamentos. El organigrama del Gabinete actual mantiene a 180 cargos públicos entre representantes políticos y personal de confianza adscrito a los mismos.

Entre las áreas que se ven más afectadas por la reducción presupuestaria se encuentran departamentos como cultura, deportes, servicios sociales, agricultura, juventud, igualdad o aguas. La mayoría de las áreas afectadas corresponden a competencias que ostenta Coalición Canaria, lo que ha provocado reticencias por parte de los nacionalistas, que ven disminuidas sus cuotas de poder y el equilibrio que mantiene por el reparto de cargos entre dirigentes de las diferentes islas y formaciones que están integradas en la fuerza nacionalista.

Ante las prisas por aprobar el presupuesto de 2013 las negociaciones entre los socios se encuentran en punto muerto y es muy probable que la reestructuración administrativa no se incluya en el proyecto de ley de los presupuestos que se aprueba esta semana, por lo que se puede aplazar su resolución hasta final de año o principios del próximo año.