La Comunidad Autónoma planea reducir el gasto de personal con el traspaso de empleados públicos a los cabildos y ayuntamientos cuando culmine la negociación abierta por el Ejecutivo para reformar las administraciones públicas canarias y modificar la Ley de Cabildos de 1990. Este proceso puede afectar a cerca de 3.000 trabajadores de diferentes departamentos de la Administración autonómica, que trabajan en competencias que pueden asumir las corporaciones locales.
La reforma y clarificación competencial de los tres niveles administrativos que hay en Canarias es una demanda aplazada durante años que ahora la crisis se ha encargado de acelerar ante la falta de ingresos públicos. La reorganización y reducción del aparato administrativo que estudia el Ejecutivo implica tanto el traslado y reubicación de efectivos entre departamentos, en una primera fase, como el traspaso de empleados públicos una vez que los cabildos y los municipios asuman nuevas transferencias y delegaciones. La Comunidad Autónoma busca de esta forma reducir su elevado gasto de personal, que supone alrededor del 40% del presupuesto autonómico.
El pacto CC-PSC ya ha dado pasos en esta línea que ahora se pretende acelerar. Primero se creó un comité de expertos para reformar las administraciones públicas, buscando más eficacia en su funcionamiento y analizando las distintas competencias para conocer la administración que puede gestionarlas con más eficiencia. Asimismo, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, informó recientemente en el Parlamento de la creación de un grupo de trabajo entre el Ejecutivo, la Fecai (cabildos) y la Fecam (ayuntamientos) para pactar un nuevo traspaso de competencias.
Uno de los primeros efectos de las recomendaciones del comité de expertos es el incremento de la flexibilidad interna y de la redistribución de efectivos. Los recortes previstos para el próximo años dejan a varios departamentos de la Administración autónoma con escasas funciones en proporción con el personal adscrito, lo que supondrá traslados de trabajadores hacia otros departamentos con más carga de trabajo.
La siguiente fase forma parte de la reforma de la Ley de Cabildos y el proceso de traspasar nuevas competencias y delegaciones a las corporaciones locales. Una de las materias que se está analizando con más detenimiento son los servicios sociales, competencia que radica en las tres administraciones en diferentes niveles pero que es necesario reformar para que sean los ayuntamientos los que la ejerzan con los fondos y el personal suficientes, traspasados desde la Comunidad Autónoma, y evitar así las duplicidades actuales. El Gobierno tiene el objetivo político de que este proceso esté culminado antes de acabar esta legislatura.
Los cabildos y ayuntamientos están dispuestos a engrosar más competencias. El presidente del Cabildo de Gran Canaria y actual presidente de la Fecai, José Miguel Bravo de Laguna, ha defendido en varias ocasiones, la última de ellas con motivo del centenario de las corporaciones insulares, que los cabildos pueden asumir competencias plenas en política territorial, turismo, cultura, deportes, comercio, agricultura, transporte, obras públicas, políticas sociales y empleo. De esta forma, la Comunidad Autónoma se quedaría con Justicia, Sanidad, Educación y Hacienda como principales competencias.
Un traspaso de funciones en materia de cultura, deportes, agricultura, servicios sociales o transportes supondría transferir a las corporaciones locales unos 3.000 trabajadores, un proceso que ya se ha realizado en dos ocasiones durante la etapa autonómica.
7.000 empleados menos
Los sindicatos con representación en el sector público alertaron ayer que en 2011 y 2012 se ha reducido la plantilla de la Comunidad Autónoma en unos 7.000 empleados públicos. De esta cantidad, cerca de 2.000 han sido en Sanidad, unos 3.000 en Educación y más de un millar por no cubrirse las tasas de reposición de los dos últimos años en la Administración autonómica.
Los sindicatos convocantes de la huelga general que se celebra hoy evidenciaron la incertidumbre en la que se mueven los empleados públicos como consecuencia de los recortes y las medidas adoptadas para posibilitar las regulaciones de empleo en el sector público. El representante de Intersindical Canaria (IC) en la Administración regional, Rafael Rodríguez, denunció ayer tras una asamblea de funcionarios que, antes de permitir más despidos en el sector público, "exigiremos que se reduzcan los cargos públicos y los asesores que no hacen nada".
En este sentido, Manuel González, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), advirtió que la situación que se vive en el Servicio Canario de Empleo (SCE) es un "despido colectivo" ya que afecta a más de 300 trabajadores, lo que dejaría este servicio público bajo mínimos.
Los dirigentes sindicales están pendientes de la presentación de los presupuestos autonómicos para comprobar si el Gobierno cumple su compromiso de que no haya despidos masivos.
