La portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Carmen Hernández, se unió ayer a los planteamientos del Grupo Popular a la hora de proponer una reforma de la institución del Diputado del Común, aunque con el matiz de que los nacionalistas de izquierda no han solicitado su desaparición. Aprovechando que el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, presentó ayer el informe referido al año 2011, Hernández aseguró que "hay que repensar la institución, que está poco identificada y reconocida por los ciudadanos y además tiene escasa incidencia en las administraciones".

Por su parte, el conservador Emilio Moreno fue más allá e insistió en que "lo demagógico es mantener esta institución carente de eficacia, eficiencia, funcionalidad y efectividad". Por ello, insistió en la idea defendida por el PP de que "los 60 diputados de la Cámara hagan las funciones del Diputado del Común, lo que supondría un ahorro" de dinero público.

Frente a las críticas de quienes, como el propio Saavedra, cuestionan que se apliquen "los injustos" criterios economicistas para defender la desarticulación de la institución, Moreno recordó a los socialistas que esos mismos criterios son los que usa el PSOE y el presidente Paulino Rivero para pedir que desaparezcan las diputaciones provinciales.

"Casi tres millones de presupuesto para tramitar 1.217 reclamaciones", insistió Moreno, para quien lo que supone "una involución democrática no es que desaparezcan ciertas instituciones, sino mantenerlas de espaldas a la sociedad".

Mala imagen

Y es que tanto Moreno como la propia diputada de NC criticaron un hecho que Saavedra resaltó en su exposición: los retrasos del Diputado del Común a la hora de resolver las quejas de los ciudadanos.

"La mala imagen y la desconfianza están en la falta de modernización de la institución, que hace que canarios que han solicitado su amparo se han enfrentado a una administración auxiliadora tan lenta como aquellas que han provocado su petición de auxilio", dijo Moreno.

Por su parte, Hernández enfatizó: "Nos preocupan esos 114 expedientes vivos en asuntos de menores. Su resolución es un asunto inexcusable y prioritario para el Diputado del Común".

Desde la tribuna de oradores Saavedra se quejó de que se hayan dejado sobre la mesa sin resolver 729 quejas ciudadanas, algunas fechadas en 2005, y que su antecesor en el cargo, Manuel Alcaide, no hiciera lo suficiente por resolver las denuncias.

Además detectó un grave error en el funcionamiento de la institución, ya que no se daba cumplimiento al principal criterio de la tramitación, pues establece la ley que los procedimientos del Diputado del Común serán "sumarios". Por ello, Saavedra confirmó que no solo se ha producido un deterioro de la imagen de la institución sino que, además, "se ha acrecentado la desconfianza sobre la misma", lo que unido al general desconocimiento de su existencia "arroja resultados inquietantes".

El informe detecta "un retraso en la tramitación de los expedientes" en la etapa de Alcaide y señala que "no parece de recibo que la administración auxiliadora, aquella a la que los ciudadanos acuden con sus últimas esperanzas, sea tan o más lenta en sus procedimientos que aquellas que generaron el conflicto".