El despliegue de la Policía Canaria comenzó en junio de 2010. ¿Qué balance se puede hacer del tiempo transcurrido? ¿Se están cubriendo los objetivos previstos?

Desde que estoy vinculado a la Policía Canaria el cuerpo ha potenciado lo que establece la ley de 2008, que regula el Cuerpo General de la Policía Canaria y la coordinación con las policías locales. Se empiezan a desarrollar las funciones propias y también se llevan a cabo las funciones que se realizan en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como es el caso de la seguridad ciudadana.

¿El desarrollo de las funciones propias y de colaboración está condicionado por los efectivos y los medios de los que dispone el cuerpo?

Más que por el personal o los medios es por la lógica a la hora de ir desarrollando las funciones. Una de las funciones propias que hemos desarrollado de una forma bastante amplia y sólida es la de los menores. Estamos trabajando muy intensamente con la Dirección General del Menor y con la Fiscalía y juzgados de menores. Tenemos un grupo específico destinado a esta materia que trabaja en todos los requerimientos e investigaciones que son trasladadas desde el Gobierno y desde los órganos judiciales. En breve cerraremos protocolos de actuación del cuerpo con la Dirección General del Menor, que queremos llevarlos también a la Fiscalía. Esta línea está muy avanzada y nos está dando buenos resultados y satisfacción al personal porque en Canarias hay casi 400.000 menores y, por lo tanto, es una prioridad. Estamos trabajando tanto en los fugados como en la investigación y protección de menores y también queremos intervenir de forma activa en el desarrollo de la Ley del Menor.

¿Qué otras prioridades se ha fijado el cuerpo autonómico?

Otro objetivo que tenemos bastante avanzado, porque ya hay un convenio y estamos trabajando en los protocolos de actuación, es en materia de medio ambiente en coordinación con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Intentamos intervenir en este campo de una forma racional y lógica porque también es una función propia. Nos quedan otras funciones, pero debemos hacerlo con sentido común a la hora de desarrollarlas. Esto lo hacemos de forma paralela a las funciones que realizamos en colaboración y coordinados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con las diferentes policías locales, a las que prestamos apoyo.

¿Qué líneas de colaboración se están potenciando con los otros cuerpos de seguridad?

Una línea es la de la seguridad ciudadana para apoyar a situaciones que requieren más servicios. Un ejemplo es en Las Palmas de Gran Canaria, donde hemos desarrollado servicios de vigilancia y protección en el botellón a requerimiento del Ayuntamiento. Se trata de servicios que nos reclaman los ayuntamientos y las policías locales cuando en determinadas circunstancias necesitan más medios policiales y todo eso lo hacemos en coordinación con los cuerpos de seguridad del territorio correspondiente. La relación que mantenemos con el resto de cuerpos es exquisita como no puede ser de otra forma porque en temas de seguridad siempre es positivo sumar.

La colaboración en materia de seguridad ciudadana induce a la confusión. ¿Cuando los agentes de la Policía Canaria detienen a un delincuente lo pueden retener y apresar o se le entrega de inmediato a la Policía Nacional u otro cuerpo?

Hay unas juntas de seguridad donde se baja al detalle de la intervención porque la ley solo establece las líneas generales. En la junta de seguridad están presentes todas las administraciones y sus cuerpos de seguridad y ahí hemos llegado a unos acuerdos. De esta forma, nosotros realizamos la detención y las primeras diligencias y después trasladamos el detenido a la fuerza de seguridad competente en el territorio. Lo que ocurre es que hay servicios que por su complejidad pueden desembocar en que nosotros instruyamos todas las diligencias. Un ejemplo es lo ocurrido recientemente en la red de prostitución de menores en La Matanza, donde fue la propia Guardia Civil la que nos dijo que fuéramos nosotros los que termináramos toda la investigación y las detenciones, porque dejar las cosas a medias para que lo termine otro cuerpo crea disfunciones y lo importante es que el servicio sea efectivo. Hay servicios en los que hemos terminado toda la investigación debido principalmente a su complejidad. Excepto en estos casos, lo lógico y lo normal es que nosotros hagamos las primeras diligencias y realicemos el traslado. No obstante, también ha habido casos en los que ha sido el juez de guardia el que nos ha dicho que ingresáramos al detenido en prisión siempre en contacto con el cuerpo competente. Es en la junta de seguridad donde estas cosas se hablan y se trasladan al operativo.

En una junta de seguridad con el Gobierno central anterior se acordó que la Policía Canaria accedería a las bases de datos de los cuerpos del Estado. ¿Se ha avanzado en ese terreno?

Estamos en ese proceso y seguimos hablando con Madrid, todavía no se ha conseguido pero estamos en negociación para dar cumplimiento a la decisión de la junta de seguridad. Eso no quita para que la colaboración se mantenga porque ellos se brindan a facilitarnos los datos para la información que necesitamos.

Pero ha habido algunos roces, sobre todo cuando se inició el despliegue y en casos puntuales, ¿no?

El profesional entiende que la suma de los agentes es necesaria en materia de seguridad. Un ejemplo fue el servicio realizado recientemente en las fiestas del Pino, que fue coordinado entre la Policía Local, Guardia Civil y Policía Canaria. Algunas de las patrullas que se hicieron eran mixtas, con agentes de paisano de diferentes cuerpos. Ahora que se avecina la Navidad nos estamos repartiendo el trabajo con la Guardia Civil y las policías locales para saber qué hace cada uno. Una de nuestra líneas de trabajo es alcanzar convenios entre la Dirección General de Seguridad y Emergencias y los ayuntamientos para prestarles apoyo y servicios cuando los requieran porque eso nos permite desarrollar nuestras funciones.

En este verano se les asignó la vigilancia en los montes debido a los incendios. ¿Tuvieron que dejar otros servicios para priorizar éste?

Hay que reconocer que somos los que somos, es decir, alrededor de 100 agentes, y eso obliga a planificarse. Cuando recibimos esa directriz asignamos un interlocutor con los cuerpos que tienen competencias, en este caso la Guardia Civil, diseñamos el servicio y nos coordinamos carreteras y zonas. Dividimos las zonas más sensibles y nos dedicamos a controlar y poner los operativos, incluso de paisano. Creo que la experiencia tuvo buen resultado porque las cosas se hicieron como tienen que hacerse.

Ahora van a trabajar en los servicios de vigilancia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Material. ¿Qué labor harán exactamente? ¿Cómo se coordinan con el Seprona?

Tenemos que diseñar una especie de protocolo para empezar a trabajar. La primera parte de este protocolo es la actuación sobre los vertidos al mar, es decir, tenemos que empezar por una labor en concreto. Eso no quiere decir que si vemos otro tipo de infracciones no la denunciemos. Empezaremos por los vertidos al mar y después nos propondremos otras metas, siempre en coordinación con el Seprona para no intensificar las mismas zonas sino repartirnos el espacio.

¿Cómo es el día a día en el reparto del servicio cuando se cuenta con una plantilla tan limitada?

Tenemos unos 100 efectivos, con una mezcla de veteranía y juventud. Nosotros disponemos de una división interna con grupos operativos donde hay un grupo de menores en cada isla capitalina siempre de paisano. También hay un grupo para apoyar a las policías locales en el trapicheo de drogas y también está haciendo una labor en requisitorial, es decir, los juzgados nos remiten los delincuentes que están en busca y captura y procedemos a una búsqueda activa. También estamos en la fase de creación del grupo de medio ambiente. El grueso de los agentes dispone de un turno con efectivos uniformados que prestan el apoyo en labores de seguridad ciudadana y controles en los diferentes municipios. Una variante es el apoyo a actos a petición de los ayuntamientos para reforzar la seguridad en determinado tipo de eventos.

Hay varios modelos de policías autonómicas en otras comunidades. ¿Con cuál de ellos se quedaría?

Efectivamente, hay modelos como el de Cataluña o País Vasco que son de integración. Está el modelo foral de Navarra y en las comunidades de Andalucía, Valencia y Galicia se encuentra el modelo de adscripción de unidades de Policía Nacional. Canarias está desarrollando un modelo innovador porque aquí nos basamos en la suma como cuerpo complementario y no excluyente donde todos participan en la seguridad de esta región. Es un modelo basado en la coordinación. La Ley 2/86, que es la que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad, es donde se nombra a las policías autonómicas en las disposiciones finales y no en el texto principal. Por ello, esta ley tiene que cambiarse y reformarse aunque también recoge la colaboración entre los diferentes cuerpos. Sinceramente creo que el modelo de la Policía Canaria es positivo porque es el de la colaboración. Llegar a una policía como la catalana, donde van asumiendo competencias del Estado, es una directriz política que debe tomarse por quien corresponda. A los que están en contra de la Policía Canaria les diría que vayan a Andalucía, Galicia o Valencia, comparen y miren los resultados.

¿Qué percepción cree que tiene el ciudadano de la Policía Autonómica?

Todavía estamos empezando a decir lo que hacemos, cómo lo hacemos, etcétera. El cuerpo lo que tiene que hace es trabajar, trabajar y trabajar para demostrar los beneficios de disponer de un cuerpo propio que participa en la política de seguridad de la Comunidad Autónoma.

¿Influye en los mandos y en los agentes la polémica política existente alrededor de la Policía Canaria?

Trabajar en esta situación no es lo mejor, pero también hay que decir que tenemos un cuerpo joven, que está muy motivado y sabe perfectamente que no podemos entrar en este tipo de valoraciones políticas. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y como técnicos de seguridad debemos olvidarnos de la polémica política, no podemos entrar en ella ni perder un minuto porque son temas que deben solucionar los que lo generan. Aquí todavía no existe el síndrome del policía quemado porque la mayoría son jóvenes. Si tenemos que realizar un servicio dejamos a un lado los asuntos propios porque hay que hacerlo. Aquí debe entrarse por vocación porque si no se pasaría bastante mal, hay que tener vocación de servicio público ya que ni hay sobresueldo ni una palmadita en la espalda, sino la satisfacción del deber cumplido. Por parte de los sindicatos hay también la máxima colaboración. Aquí nadie marca una línea política a la hora de ejercer los servicios que realizamos.

La Policía Canaria inició su despliegue con la crisis encima y no se ha podido incrementar los efectivos como estaba planificado. ¿Se han visto obligados a readaptarse ante esta situación?

A fecha de hoy tendríamos que tener ya 300 agentes. Aún estamos en la fase de primer despliegue y deberíamos tener 300 efectivos pero se está retrasando como consecuencia de la crisis. Los que estamos ahora debemos trabajar e intentar suplir en la medida de lo posible estas carencias. Estamos intentando adaptarnos esperando a que cambie la coyuntura económica y que haya la decisión política de aumentar la plantilla que es necesaria.

¿Prefieren estar en la calle que ejercer otras competencias propias como la vigilancia de edificios públicos?

Nosotros a fecha de hoy no tenemos ningún policía en destinos burocráticos. Es una cosa que me he marcado por mi experiencia en otros cuerpos de seguridad, creo que un policía que cobra debe trabajar en la seguridad. Una excepción es el Parlamento, que sí debe estar vigilado por la Policía Canaria cuando hay sesiones.

¿Hasta qué punto se pueden desarrollar todas las funciones propias con la plantilla actual?

Lo que tenemos que cumplir es el servicio de la manera más eficaz posible en beneficio del ciudadano. Nosotros nos marcamos unos objetivos cada seis meses para ir desarrollándolos por fases y, de esta forma, vamos ejerciendo las funciones propias que nos marca la ley.