La obligación impuesta a las empresas desde el Gobierno canario por la que sólo podrán recibir subvenciones y licitaciones públicas si contratan personal inscrito en el Servicio Canario de Empleo con, al menos, una antigüedad de seis meses es rechazada tajantemente por los empresarios. La patronal de Las Palmas va más allá y tacha esta medida, incluida en el proyecto de ley de los presupuestos de 2013, de "inconstitucional" y "discriminatoria", por lo que exige que se suprima o se modifique en el trámite parlamentario de las cuentas autonómicas.
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) remitió ayer una carta a la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Ejecutivo regional, Margarita Ramos, en la que muestra su "preocupación" e "incertidumbre" por esta medida y propone una enmienda para que el Gobierno frene la iniciativa. Para empezar, los empresarios advierten que medidas como esta generan consecuencias discriminatorias que vulneran el artículo 14 de la Constitución, al considerar que se intenta dar rango de ley a aspectos que vulneran el principio de igualdad.
La patronal considera que es discriminatorio condicionar la contratación de desempleados en función del tiempo que lleven inscritos en las listas del paro. Los empresario temen que esta medida afecte a colectivos vulnerables como las mujeres o los mayores de 45 años. Asimismo, la CCE cree que "podemos encontrarnos que se discrimine a una persona con mayor mérito y capacidad que otra por el mero hecho de no cumplir el criterio de temporalidad en el desempleo, fomentándose la permanencia en las listas del SCE frente a criterios de productividad o de eficiencia en la gestión de las subvenciones".
Disposiciones adicionales
Estas medidas las incluye el Gobierno canario en las disposiciones adicionales decimoctava y cuadragésimo séptima del texto articulado del proyecto de ley de presupuestos autonómicos de 2013. El Ejecutivo exige a las empresas que soliciten una subvención a la Comunidad Autónoma que precise contratación de personal, que éste sea contratado de entre personas inscritas como demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad en el Servicio Canario de Empleo (SCE).
El Ejecutivo también impone esta condición a todas aquellas empresas que opten a las licitaciones de contratación del sector público autonómico. Sólo se podrá contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por desempleados inscritos con la antigüedad exigida de los seis meses.
La patronal critica a la consejera de Empleo por denunciar discriminaciones en las relaciones laborales, cuando las disposiciones adicionales denunciadas por la CCE también suponen una "discriminación" a la hora de contratar personal.
Los empresarios denuncian de nuevo la "clara pretensión intervencionista del poder legislativo" en el mercado de trabajo porque, lejos de intentar reducir las listas del desempleo, "se le acabará haciendo más daño del que se pretende evitar".
Asimismo, la carta remitida por la CCE a la consejera de Empleo critica que el Gobierno vuelva a entrar en una "maraña" de restricciones normativas que impide el desarrollo adecuado del empleo y la actividad económica, al imponer por ley criterios y condicionantes cuando ya de por sí el mercado laboral canario tiene "rigideces" que son muy difíciles de cambiar cuando se recogen en una ley.
La CCE propone varias redacciones alternativas al Gobierno de las dos disposiciones, aunque básicamente exigen que se suprima la referencia a los seis meses de antigüedad en las listas del SCE y que, en todo caso, si se introduce criterios de antigüedad no se incluyan plazos concretos.
