El proceso de adelgazamiento del aparato autonómico canario hace aflorar prácticas cuestionables en la gestión de años pasados. La sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA (Gesplan) gastó en 2008, cuando el dinero seguía fluyendo pero ya la crisis había estallado, 13.919 euros en dos acuarios decorativos para su sede de Santa Cruz de Tenerife. La empresa ha afrontado este año un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el que debe pronunciarse en menos de un mes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En paralelo, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si existió malversación en la actuación del gerente, Rafael Castellano, tal y como denunció el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González.
De la decisión del TSJC están más pendientes que nadie los 34 trabajadores a los que se despidió, 24 en Las Palmas de Gran Canaria y diez en Tenerife. El comité de empresa aseguró para iniciar ese proceso que los errores habían sido numerosos en la tramitación del ERE y que la empresa continuaba recibiendo encargos que no se hacían constar en las cuentas para así poder justificar los despidos.
"Error es todo lo que ha hecho este señor", afirmaron fuentes sindicales en relación a la labor desempeñada por Rafael Castellano. Entre otras cuestiones, refieren la adquisición de los mencionados acuarios, comprados a una tienda especializada en animales de Tenerife.
Cien kilos de roca
Solo los recipientes para el agua tuvieron un coste de 2.400 euros, pero la factura no terminaba ahí. Se fue incrementando con otras compras tales como cien kilos de roca y otros 175 kilos de grava, cantidades suficientes para poner en marcha el hábitat marino artificial y reservar para posteriores labores de mantenimiento, que suponían 262,50 euros en cada visita según las facturas saldadas en octubre y noviembre de 2008.
Luego llegaron los peces, 86 animales con protagonismo especial de los diez Cyphotilapia frontosa, al menos en lo que a coste se refiere: 300 euros los de esa especie y más de 1.100 euros el conjunto de la fauna acuática.
Setecientos euros en filtros y otros doscientos en el montaje, que según la factura supuso diez horas de trabajo, fueron completando la factura hasta alcanzar 5.782 euros, el 25% de los cuales se abonaron por adelantado.
Los acuarios estaban completos, pero faltaba el mueble que los soportara. Gesplan decidió entonces encargarlo a medida. Los acuarios medían dos metros de largo cada uno de ellos, por lo que se necesitaba de un elemento decorativo de magnitud considerable -cinco metros y medio de largo por 2,4 metros de ancho- y, ya que se ponía a trabajar a los ebanistas de la empresa contratada, se aprovechó para incluir unos armarios en la parte inferior.
Cuestiones de diseño aparte, el mueble, montaje incluido, superó con creces el precio de acuarios, filtros, roca, peces y demás integrantes de la factura de la tienda de animales. Gesplan desembolsó 8.137 euros por contar con esa pieza de mobiliario sobre la que colocar las enormes peceras adquiridas.
Estos gastos son calificados como "superfluos" por el secretario de Acción Sindical de Sepca, que en breve engordará la denuncia original sobre la que ya trabaja el fiscal con nueva documentación.
El desarrollo del ERE de Gesplan estuvo rodeado de polémica desde el primer momento. Fue una de las primeras empresas públicas dependientes del Gobierno de Canarias que decidieron aplicar este tipo de medida.
A mediados de mayo se dio por finalizado con los mencionados 34 despidos y 101 suspensiones temporales de contrato por periodos de entre una semana y nueve meses. Rafael Castellano se encontraba en el segundo de los grupos.
Sin embargo, un mes después el comité de empresa aseguró haber recibido una nueva propuesta que recortaba en diez los despidos. Además, un error en la tramitación impidió cobrar la prestación por desempleo a los despedidos. Los recursos se acumularon en los tribunales y el mes pasado quedó visto para sentencia en el TSJC, convirtiéndose en el primer ERE aplicado por el Gobierno de Canarias que acaba en los tribunales.
Rafael Castellano declinó hablar con este periódico, mientras que un portavoz de la Consejería de Política Territorial, de la que depende Gesplan, señaló que la colaboración con la Fiscalía será total y que las cuentas de la empresa están controladas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
