Los 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma afectados por la reducción de un 20% del sueldo y de la jornada laboral se movilizarán a partir de la próxima semana, tras la ruptura ayer de las negociaciones entre el Gobierno canario y los sindicatos relacionadas con el ajuste del capítulo de personal de los presupuestos autonómicos de 2013.

El Ejecutivo regional introdujo una variante en la medida de reducir el 20% de la jornada y las retribuciones, aminorando el ajuste salarial a un 10% en el caso de los empleados que tengan un contrato parcial inferior a las 25 horas semanas y que afecta a 950 trabajadores, la mayoría de ellos vigilantes de comedor. Sin embargo, esta modificación de la propuesta no convenció tampoco a los representantes sindicales, que se levantaron de la mesa ante la negativa del Gobierno a buscar otras alternativas.

El director general de la Función Pública, Aarón Afonso, lamentó que los sindicatos no hayan querido pactar la enmienda que presentarán los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo para que la ley de presupuestos recoja la reducción salarial. Afonso aseguró que el cambio propuesto ayer para rebajar el ajuste salarial al 10% para este colectivo "era una forma de acercar posturas" al tener su origen en una propuesta sindical.

El ahorro que se consigue con esta medida es de 15 millones de euros y forma parte de los 87 millones de reducción del capítulo I recogidos en los presupuestos. Afonso ve inviables las alternativas puestas sobre la mesa por los sindicatos, entre ellas la creación de nuevas tasas y el incremento de los tipos de algunos impuestos.

La enmienda que presentarán CC y PSC a instancias del Gobierno incluirá al reducción del 20% de jornada y salario para 2.350 empleados laborales y de un 10% para 950 trabajadores a tiempo parcial. El director general de la Función Público puntualizó que la enmienda recogerá una cláusula de salvaguarda por la cual se contempla la posibilidad de que la reducción pueda ser suspendida de forma inmediata en caso de que mejore la situación económica. "No es una medida que nos guste, no nos gusta en absoluto pero entendemos que es la menos mala que en estos momentos podemos adoptar", aseguró Afonso tras reunirse con los representantes de los empleados de la Administración autonómica.

Los dirigentes sindicales salieron de la Mesa de la Función Pública en pie de guerra y a partir del lunes comenzarán las asambleas informativas y las movilizaciones. El portavoz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, advirtió de la ilegalidad que supone rebajar la base imponible y las tablas de cotización de este grupo de empleados públicos, por lo que presentarán un conflicto colectivo por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. González advirtió que si la prolongación de la crisis conlleva a despidos, este colectivo de trabajadores le saldrá más barato al Gobierno como consecuencia de esta reducción salarial.

Por su parte, el representante en la Función Pública de Comisiones Obreras, José Ramón Barroso, advierte que la negativa del Ejecutivo a negociar las alternativas presentadas por los sindicatos ha llevado a la ruptura y, por consiguiente, a las movilizaciones. El lunes ya habrá una concentración de empleados públicos que se unirá a la de los pensionistas. Será el martes y miércoles cuando se convocarán concentraciones y manifestaciones e incluso se pretende realizar una vigilia de protesta.