Canarias fue la comunidad autónoma que más empleo publico recortó entre julio de 2011 y el pasado mes de enero, según el recién publicado Boletín Estadístico del Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas. En el Archipiélago se prescindió en este periodo de 13.370 trabajadores, en la primera foto estática de la plantilla de las distintas instituciones tras la llegada al Gobierno del Partido Popular, a finales del año pasado, y que no refleja aún las consecuencias de los sucesivos ajustes practicados en el sector público en todos estos meses. Cabildos y ayuntamientos fueron los que concentraron esta reducción de personal en las Islas, con 12.635 empleados menos. En enero España mantenía 2,6 millones de funcionarios; las corporaciones locales también experimentaron la mayor reducción de personal, con 54.000 contratos menos que en el semestre anterior.

El recorte ya afectó a un colectivo, el de los empleados públicos, al que se le mantiene congelado el sueldo desde el 2011, y que, según calculan los sindicatos a nivel nacional, han perdido cerca del 30% de su poder adquisitivo. En lo que atañe al Archipiélago, los primeros que han sufrido la contracción de las contrataciones han sido los cabildos insulares y los municipios, que en enero comenzaron el año con 33.011 trabajadores, por los 45.646 con los que contaban seis meses atrás. Gustavo Santana secretario general de UGT en Canarias, atribuye esta merma de plantilla a la no renovación de los contratados y la supresión de planes de empleo que, en último término, se traducía en la incorporación temporal de personal.

Santana también revela que las perspectivas para las corporaciones locales de las Islas en 2013 tampoco son buenas, y cifra en 2.000 empleados menos la pérdida de personal.

Sentencia de referencia

Eso sí, el portavoz de UGT apunta a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anula un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a 46 trabajadores en el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, , como "un precedente importante, que estoy convencido va a sentar jurisprudencia". El tribunal consideró que el consistorio no había justificado debidamente la insuficiencia presupuestaria en la que basaba los despidos. UGT ya ha tomado nota del fallo, y obrará conforme al mismo en las futuras regulaciones de empleo que teme en otros municipios.

Con todo, el Registro Central de Personal ya revela una caída de trabajadores en las administraciones locales a comienzos del ejercicio, que se prevé que será aún mayor a raíz de la última reforma laboral, aprobada el pasado mes de marzo, y bajo la que se agiliza la tramitación de ERE públicos. Los ayuntamientos están en el centro del debate, en el que el Gobierno central defiende la necesidad de seguir aplicando ajustes que en este año ya han supuesto un ahorro de más de 6.000 millones de euros para las arcas del Estado. Sin embargo, colectivos ciudadanos, sindicatos y oposición apuntan cómo estas medidas castigan al consumo y ahondan en el círculo vicioso de la recesión económica.

En este punto, una de las acciones más controvertidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido la supresión de la paga extra de los funcionarios para estas Navidades, que sólo en Canarias ha restado al mercado más de 240 millones de euros. El PP recuperará esta extra en 2013, pero entre tanto ha proseguido con la congelación salarial de los empleados, y continuará con la restricción en la incorporación de personal. Sólo mantendrá una modesta política de reposición de plantilla (con una tasa de hasta el 10%) en áreas como Educación, Sanidad, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los efectivos destinados a la lucha contra incendios y contra el fraude fiscal.

El ajuste se ha extendido este año a la administración autonómica, que en enero apenas había reducido en 152 trabajadores su plantilla. Para el próximo año se anuncian recortes salariales para 3.300 empleados, y entre medias se han impulsado ERE y despidos en entidades públicas como Gesplan, Hecansa, Promotur o la radio y la televisión pública autonómica.

El Ejecutivo autonómico comenzó el año con 61.857 empleados públicos, y sigue siendo la administración que aglutina a más personal en las Islas. A esas alturas aún se mantenía un contingente de 26.400 docentes no universitarios y 25.000 empleados en Sanidad (servicio que ya sufrió una reducción de 700 trabajadores). Dicho de otro modo, se aguantaba (en cifras) el tirón antes de que el Gobierno de Rajoy procediera a la aprobación de los discutidos presupuestos para los ejercicios de 2012 y 2013. Incluso la administración de Justicia incrementó de 2.251 a 2.725 efectivos su plantilla.

En cuanto a la administración del Estado, sus distintos departamentos perdieron 2.849 trabajadores en Canarias en el transcurso del semestre. En enero se contabilizaban 25.081 empleados entre las distintas agencias estatales con presencia en el Archipiélago, fuerzas de seguridad y otros servicios.

La evolución de Canarias antes de los grandes recortes aplicados al sector público contrasta con las de otras comunidades autónomas, que, en su mayoría, habían moderado mucho más su ajuste de plantilla. Ha sido el caso de Andalucía, Cantabria, Asturias o Madrid, que han reducido en menos de diez mil su cifra de empleados. Lo mismo ha ocurrido en las dos Castillas, Extremadura o Baleares, mientras que la actualización -bajo otros criterios- de los datos del personal adscrito a las universidades ha distorsionado la estadística en regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana, que a pesar de todo, mantienen una tendencia similar al conjunto del Estado en los recursos humanos de las administraciones.