Los 3.300 trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias afectados por el recorte del 20% de sus salarios comenzaron ayer a recibir sus nóminas. Sin embargo, en numerosos casos han trabajado con normalidad durante el mes de enero sin que su jornada laboral haya disminuido en igual proporción. Los sindicatos denuncian un "caos" en la aplicación de la medida, impulsada por el Gobierno de Paulino Rivero y recogida en la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2013.

El nuevo recorte del Ejecutivo canario afecta al personal laboral temporal, a los laborales indefinidos por sentencia y a los funcionarios interinos, quedando al margen quienes desempeñan sus funciones en los ámbitos de la docencia, la Sanidad y el aparato de Justicia.

En diferentes servicios de la Administración General canaria la concentración de afectados es elevada, por lo que la reducción de jornada provoca un efecto más nocivo que en aquellos en los que son mayoría quienes escapan a los efectos de la norma. No faltan los jefes de servicio que consideran imposible afrontar la reorganización sin que se paralicen algunas de las funciones que tienen encomendadas. Por eso ocurre que en varios de ellos, las cosas continúan como antes.

A pesar de producirse estos casos, la Consejería de Presidencia no piensa mover ficha. El argumento es que la medida tiene rango de ley -la de presupuestos- y que hasta en dos ocasiones, los días 28 de diciembre y 10 de enero, giró sendas comunicaciones en las que explicó detalladamente el modo en que debe darse cumplimiento a la norma.

Lo cierto es que ha transcurrido el primer mes del año y los desajustes no han escaseado. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Canarias, Francisco Bautista, constató la existencia "de incumplimientos de la norma", que dará a conocer en las próximas semanas.

¿Y qué ocurrirá con aquellos que han trabajado como siempre y han cobrado como nunca? Desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, señalaron ayer que habrán de ser los respectivos jefes de servicio quienes les compensen, pero siempre con descanso. La propia ley de presupuestos de Canarias para este año prohíbe abonar horas extraordinarias. Es decir, si complicado ha estado hasta el momento aplicar el ajuste,ponerse al día será una nueva lluvia sobre terreno encharcado.

En lo que coinciden todas las fuerzas sindicales consultadas e incluso miembros de la propia estructura de la Administración autonómica es en el carácter discriminatorio de la iniciativa. Codo con codo desarrollan su labor trabajadores que abordan idénticas funciones, pero mientras que uno ve mermados sus ingresos en una quinta parte, el otro los mantiene íntegros.

Esa es una de las bases sobre las que el sindicato CCOO-Canarias ha basado las demandas que presentó en los juzgados de lo social de ambas provincias ayer, cuando se cumplían los veinte días hábiles desde la entrada en vigor de la ley.

El secretario de Acción Sindical del Sepca (Sindicato de Empleados Públicos de Canarias), Manuel González, afirmó que se han dirigido por carta a la Consejería de Presidencia pidiendo "una solución inmediata a la minoración del servicio que se está produciendo" en aquellos estamentos en que se está llevando a cabo de manera efectiva el recorte de jornada.