El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, negó ayer que la reducción del 20 % en el sueldo y horario de 3.300 empleados de la Comunidad Autónoma afecte a la prestación de los servicios públicos. El descuento de jornada se aplica en unos departamentos del Ejecutivo y en otros no, según los sindicatos, que advierten de que en los casos en los que sí se está llevando a cabo se produce un perjuicio en la atención al ciudadano, extremo rechazado ayer por el titular de Presidencia.

En la presentación de las jornadas tituladas El sector público ante la crisis. Respuestas eficaces, que se celebrarán este lunes en el salón de actos del Edificio de Humanidades, Hernández Spínola salió al paso de las críticas de las organizaciones sindicales y colectivos sociales, que denuncian la medida aplicada al personal laboral temporal y funcionarios interinos.

Según el consejero, "es evidente que si hay una minoración de la jornada y un empleado público, en vez de trabajar ocho horas al día, ahora hace una menos puede haber una merma pequeña en la calidad o prestación de un determinado servicio público, pero nada apreciable".

De ahí que resaltó que "no hay una afección trascendente en los servicios públicos" porque esa bajada de horario perjudica sólo a 3.300 miembros del conjunto de la administración, "donde hay más de 60.000 empleados públicos". A este respecto, recordó que esta decisión no atañe a "quienes realizan servicios públicos esenciales", como los docentes no universitarios, personal de Justicia y efectivos de centros del Servicio Canario de Salud.

La minoración de jornada y sueldo es coyuntural para 2013, aunque el consejero abrió la puerta a su posible modificación en función de la liquidación del presupuesto del Ejecutivo y los indicadores de deuda y déficit. La clave estará en el pronunciamiento que se espera de la Unión Europea a finales de febrero sobre la relajación de los objetivos de déficit público de España.

Canarias exige un reparto de esa flexibilidad en el techo de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, cuyo objetivo en 2013 es del 0,7 % del PIB. El presidente Mariano Rajoy ha rechazado su revisión, pero el Ejecutivo regional no descarta que esto se produzca. Si finalmente es así, la variación repercutirá en el conjunto del presupuesto de esta región y "podría dar lugar a decisiones", entre ellas la supresión de la rebaja salarial y de jornada. Además, esta norma puede cambiarse sólo con su aprobación en el seno del Consejo de Gobierno, sin necesidad de tener que plantearlo en el Parlamento.

Sustento jurídico

Cuestionado sobre la postura de los sindicatos de llevar sus quejas a la Comisión Europea, Spínola admitió que el Ejecutivo está "orillando" la legislación de la reforma laboral para mantener los empleos públicos. En su opinión, no se está cometiendo "ningún incumplimiento" ni existe una situación que pueda ser "jurídicamente motivo de tacha". Entonces, alegó que la directiva de la UE prevé acciones como la adoptada "siempre que existan razones objetivas", como la contención del gasto público en época de recesión económica y el mantenimiento del empleo en las administraciones. Spínola recibe con "serenidad" las denuncias de los afectados y entiende que ésta es una medida "dolorosa".

Así lo declaró el consejero durante la explicación de las jornadas del lunes sobre el sector público en la capital grancanaria, acompañado por el rector de la ULPGC, José Regidor, y el director del Área de Negocio de La Caixa, Francisco Trujillo. En dicho evento intervendrán expertos y juristas.