Los severos y continuos recortes en las partidas destinadas a obra pública abren un nuevo frente problemático para Canarias. Las uniones temporales de empresas (UTE), en las que hasta el momento habían convivido con un alto grado de entendimiento constructoras canarias y peninsulares, están registrando en los últimos meses notables tensiones que amenazan con quebrar la tónica. El origen de este cambio a peor se encuentra en las políticas procíclicas que castigan la inversión pública en la persecución de los objetivos macroeconómicos exigidos por Europa.
La paz estaba garantizada cuando la tarta tenía el tamaño suficiente para alimentar a todas las partes. Ahora algunas empresas comienzan a hacer valer posiciones de fuerza con el fin de garantizarse una porción mayor de la que otorga la matemática pactada en la mesa de negociación.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) no oculta su preocupación ante el cariz que están tomando los hechos. Su presidenta, Salud Gil, explicó ayer que el único papel que tiene reservado en esta polémica es "evitar que la ruptura se produzca". A su juicio, la relación mantenida durante más de quince años ha resultado altamente positiva para ambas partes. De un lado, a las isleñas les ha permitido capitalizarse, mientras que las peninsulares mejoraban sus opciones al licitar en el Archipiélago de la mano de un socio local.
La crisis de relaciones se explica por los números reflejados en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que destinan 54,1 millones de euros al convenio de carreteras plurianual que tiene firmado Canarias con el Estado. Son 14 millones menos que el pasado año, cuando ya los números se apartaron drásticamente de los 207 millones anuales que convino el primer Gobierno de Paulino Rivero con el segundo de Zapatero.
Previsiones rotas
Las empresas realizaron sus cálculos anuales sobre esas provisiones pactadas inicialmente entre la Comunidad Autónoma de Canarias y Madrid. Toda vez que no se están cumpliendo empiezan a mirar a su alrededor para paliar, al menos en parte, los agujeros que sufren sus cuentas de resultados.
"Los recortes en la ficha financiera están provocando unas tensiones insoportables entre los socios canarios y las empresas de ámbito estatal", admite Gil, quien, sin embargo, aboga por no desfallecer a la hora de tender puentes que sirvan al entendimiento y eviten males mayores. En contra juega la actitud de algunas grandes empresas de ámbito nacional, la misma falta de obra pública, la ralentización financiera de las obras que ya están en marcha y la morosidad de la Administración. La propia Gil reconoce que la suma de todos estos factores genera "desesperación" en el sector.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, está informado de lo que está aconteciendo en algunas UTE, incluidas las amenazas cruzadas de rotura de los acuerdos y la consiguiente judicialización. Al Ejecutivo canario no se le escapa que para un sector tan castigado por la crisis como la construcción -con 21.900 parados- una escalada de las hostilidades podría suponerle el tiro de gracia.
Tampoco es ajeno a la situación el propio presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano. "Todos somos responsables de que estas obras se desarrollen con normalidad", afirmó la máxima representante de la AECP.
